Volvemos a presenciar, una Semana Santa más, la falta de separación real entre la Iglesia Católica y el Estado en sus diferentes administraciones (no en todas, afortunadamente, pero sí en bastantes). El calendario dice que estamos en 2018, pero en una ciudad como Oviedo ya hace 130 años el concejal Leopoldo Alas ‘Clarín’ consideraba que la corporación no debería participar en eventos religiosos en representación municipal. Es un tema por tanto que lleva mucho tiempo y, aunque el actual Gobierno Local de la capital de Asturias cumpla a rajatabla con su deber de mantenerse neutral, es sabido que un cambio de rumbo en las próximas elecciones puede conllevar la vuelta a lo que sucedía hasta junio de 2015, donde en días previos a la investidura que proclamó al compañero Wenceslao López como Alcalde de Oviedo el entonces primer edil participaba en el Corpus Christi en representación del cargo que ostentaba. Podemos volver atrás si retornan a gobernar y que se repitan escenas como la de Policías Locales y de Bomberos que escoltaban los pasos con sus uniformes oficiales de trabajo, labor no encomendada a un equipo funcionarial en ningún caso (cada uno de ellos que quiera participar ha de hacerlo a título individual).
Pero sin caer en supuestos futuros, en el presente tenemos en los cuarteles militares y en el Ministerio de Defensa la bandera de España a media asta por la muerte de Jesucristo. Además, se ha aprobado otro año más el indulto a cinco presos a petición de cinco cofradías religiosas. La derecha española, y particularmente el PP, incumple en mi opinión el artículo 16.3 de la Constitución Española (que tanto dicen ahora defender sin haberla votado cuando tocaba hacerlo). Las creencias personales de cada uno merecen todo el respeto (también se garantiza en nuestra propia Carta Magna), pero las instituciones no las tienen. Mezclar creencias personales de índole religiosa con la labor que la ciudadanía que le ha otorgado a ese político es ir hacia atrás y no hace otra cosa más que saltar por los aires la neutralidad religiosa que debería producirse.
No se debe confundir ni caer en la provocación de quienes manipulan el significado que la laicidad, que no plantea otra cosa más que la defensa de la libertad de conciencia y la neutralidad escrupulosa y absoluta de las administraciones públicas con respecto a lo que son cuestiones de índole estrictamente privada, como son las creencias o las no creencias. Los ignorantes que no saben lo que es piensan que la laicidad tiene que ver con el anticlericalismo y la antirreligiosidad. Si creemos, al menos quienes defendemos esta posición, que es posible alcanzar una sociedad mejor, es precisamente porque construimos el discurso de la laicidad desde el respeto más absoluto a quienes creen, a quienes no creen, a quienes piensan una cosa o a quienes piensan otra.
Si el Estado Español no tiene confesión oficial alguna está afirmando, de una u otra manera, que las convicciones y creencias pertenecen al campo de lo privado y que las religiones no son ninguna institución pública. Por tanto, con todos los respetos, la Iglesia católica es una institución privada. Va siendo ya hora de que se establezcan unas relaciones normales y democráticas con todas las instituciones religiosas en las que se acabe de una vez por todas de los privilegios que tienen y que pasen a ser tratadas exactamente igual que todos los demás.