El periódico madrileño que todavía ostenta una venerable cabecera liberal y republicana sorprendía a sus lectores en la mañana del pasado jueves con un editorial, cargado de optimismo, que pretendía disipar las dudas que sobre la España del siglo XXI pudiera generar la peculiar celebración de la llamada semana santa: «En la España del siglo XXI, la religión forma parte de la vida privada de cada cual y lo más corriente es que las procesiones sean nada más que una buena excusa para disfrutar de la vitalidad de unas antiquísimas formas culturales. No se trata de frivolizar, solo de recordar que el nacionalcatolicismo del franquismo ha quedado ya, afortunadamente, demasiado lejos. Por mucho que algunos sigan defendiendo lo contrario». Por la tarde, su edición digital publicaba una foto y un vídeo de los legionarios portando, en Málaga, la imagen conocida como del «Cristo de la buena muerte» en los que podía verse a ¡cuatro ministros del gobierno cantando el himno del novio de la muerte! Nada menos que la de defensa y los de interior, justicia y educación, a quienes acompañaban numerosos militares de uniforme y todos estaban en primera fila, en la zona reservada para autoridades. La ministra de Defensa había ordenado que en el ministerio y en todos los edificios militares ondease la bandera a media asta. Sorprendente forma de hacer un ejercicio privado de las convicciones religiosas.
No hace muchos días que conocimos los contenidos que el mismo ministerio de defensa, con la complicidad del de educación, quiere darle a la asignatura que sustituirá a la desechada educación para la ciudadanía y que será la patriótica alternativa al estudio, como asignatura curricular, de la religión católica en la enseñanza oficial. Solo imaginar el canto obligatorio en las escuelas del pasodoble de la banderita provoca inevitablemente la hilaridad en quienes conservan un mínimo de lucidez, como la conversión de la Tauromaquia y las Tapas, con mayúscula, en señas de identidad nacional, lo malo es que todo ello encierra una forma de concebir España que, en el siglo XXI, sí debería estar superada.
Ridículo era en muchos sentidos el franquismo, como el fascismo o el nazismo. Chaplin o Lubitsch no tuvieron muchas dificultades para convertir a Hitler, y el primero también a Mussolini, en personajes cómicos; hoy, resulta difícil comprender cómo sus planteamientos políticos pudieron atraer a las masas, pero sus dictaduras nos recuerdan que lo chusco y lo grotesco también puede ser dañino. No creo que el PP esté en camino de conducirnos a una nueva dictadura entre pasodobles, corridas y las tapas castizas de este paraíso sin igual. No solo porque nuestra democracia sea lo suficientemente sólida como para impedirlo, tampoco pienso que sea su intención, pero sí muestra con demasiada frecuencia tendencias que lo acercan a la peor derecha europea, autoritaria, nacionalista y regresiva.
Es poco discutible que ha habido un retroceso grave en las libertades de expresión, reunión y manifestación, que hoy resulta peligroso decir o hacer cosas que hace solo una década no entrañarían ningún riesgo. La obsesión del gobierno por controlar políticamente el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y la fiscalía, sin el menor disimulo, recuerda demasiado a lo que están llevando a cabo los de Hungría, Polonia, Rusia o Turquía. Que, encima, pretenda escudarse en esas instituciones para que sustituyan la acción política que a él le corresponde agrava sus consecuencias. La ley mordaza es una amenaza para la libertad. El creciente control sobre los periódicos impresos de Madrid, y ahora se dice que de Barcelona, se ha convertido en alarmante. Los informativos de TVE rayan con frecuencia en la propaganda. Que se busca establecer una confesionalidad encubierta del Estado parece evidente, sobran gestos y actos que lo demuestran.
No, Franco no inventó el nacionalcatolicismo, aunque lo llevó a su máxima expresión, y, de la misma forma, ni esa ideología ni el autoritarismo derechista murieron con el dictador. No solo es necesario cambiar el gobierno a causa de la corrupción o de las políticas sociales y laborales, lo exigen la defensa de la libertad, de la tolerancia y de la laicidad del Estado. Asombra que sean numerosos los columnistas conservadores que en los periódicos nos recuerdan a quienes cuestionamos la conversión de los actos religiosos en oficiales del Estado, o de instituciones públicas como los ayuntamientos, que, con gran generosidad, ahora se permite que en los días más señalados se abran las discotecas y los cines y ya no se obliga a que en la televisión se emitan solo procesiones y películas religiosas. Sí, se ha avanzado, tampoco tenemos obispos en las Cortes y hasta se permite que haya partidos de izquierda, aunque se hayan recuperado tradiciones como que el gobernador civil, perdón, subdelegado del gobierno, te pueda multar por subversivo, como en los mejores tiempos del dictador, lo que demuestra que siempre se está a tiempo de retroceder.
Hay razones, incluso desde un catolicismo ilustrado, para cuestionar los ritos de semana santa, pero no es este el debate. A pesar de lo que sostiene el iracundo editorial de La Razón del viernes, no he visto en ningún periódico, tampoco en los pocos que pueden considerarse de izquierda, digitales, por supuesto, que nadie pida la prohibición de las procesiones. Si alguien lo hiciese, yo sería el primero en defenderlas, aunque me disgusten. Tampoco se puede negar el derecho de ministros, diputados, alcaldes, concejales, militares o empleados públicos civiles a participar en ellas como fieles particulares, faltaría más. Siempre me pareció improcedente que se criticase al ministro Fernández Díaz por asistir diariamente a misa. Todo eso sí que entra dentro del derecho a la libertad de conciencia, que tenemos todos y es verdaderamente sagrado. Otra cosa es que se pretenda restablecer, por la puerta de atrás, la religión oficial del Estado.