Mi instinto de politólogo, labrado en corta pero intensa experiencia, me lleva a fiarme mucho de las personas con las que hablo, y a confiar muy poco -en realidad casi nada- de eso que Iglesias llama «la gente», una masa numerosa, muy permeable a las manipulaciones simples y palmarias, y cuyo sentido de orientación cívica y política casi nunca coincide con lo que piensan las personas que la integran. Por eso los revolucionarios masacran a las personas y adoran a las masas, que, debidamente abducidas, son capaces de destruir sin inmutarse su propia libertad y su propia vida.
Desde esta perspectiva, nunca he creído que todos los políticos son iguales, ni que solo buscan el poder para forrarse. Y por eso soy muy reacio a confundir los autos de fe, que se justifican en la lucha contra la corrupción, con el triunfo de la Justicia. Y, si no me sumo con facilidad a las inquisiciones mediática y judicial que le ponen la salsa a la política actual, no es solo por respetar escrupulosamente la presunción constitucional de inocencia, sino porque mi particular presunción de inocencia salta con mucha facilidad sobre ciertos procesos y sentencias que, en vez de garantizar juicios justos, no pasan de ser formalizaciones visibles de un juicio paralelo.
Entre mis presuntos inocentes figura José Antonio Griñán, al que considero víctima de un modelo piramidal de lucha contra la corrupción que siempre olvida el tronco delictivo para apuntar al vértice del poder. La célebre X de los GAL era limpieza piramidal. La frase del interventor general de la Junta, que todo lo basa en que «Griñán tenía que saberlo», es un prejuicio contra los vértices. Y el efecto de liquidar a docenas de alcaldes, consejeros y presidentes, sin que haya caído -que yo sepa- ni un solo interventor o secretario local, apunta a que nuestra lucha contra la corrupción no está montada desde el amor por la transparencia, sino sobre la fobia a la política y al poder.
Contra lo que cree la gente, la corrupción de las Administraciones públicas reside esencialmente en los poderes intermedios, presuntamente técnicos, que siempre operan en el luscofusco mediático. Pero ese pelotón sigue intacto, porque toda la fiebre justiciera tira contra la cúspide. Por eso tenemos una Administración atiborrada de controladores -interventores, secretarios, asesores jurídicos, mesas de contratación, etcétera- que, a pesar de ser piezas esenciales y necesarias en todo cohecho o prevaricación que se precie, ni siquiera fueron salpicados por la ola puritana generada a la medida de «la gente».
Griñán tiene razón. Y lamento mucho verlo en el banquillo. Porque antes de sentarlo allí, había que responder a la pregunta de cómo es posible que una Administración delinca tanto, y durante tantos años, sin que sus propios controles -carísimos, poderosos y profesionalizados, pero a salvo de la fobia política de las masas- hayan funcionado. ¡Un misterio!