El juez Llarena no le permite a Jordi Sànchez ni la investidura presencial, ni la telemática, ni la videoconferencia. Supongo que nadie, ni siquiera Jordi Sànchez o Roger Torrent, se habrá sorprendido. No solo son razonables los argumentos jurídicos del magistrado, sobre todo el del peligro de reiteración delictiva, sino que esa prohibición sintoniza con quienes afrontan la situación catalana desde el sentido común: no tiene ninguna lógica proponer como presidente a un señor que está en la cárcel, que tendría que volver a la cárcel si fuese elegido y que está acusado de delitos que supondrán, por lo menos, una condena de inhabilitación.
Lo que sí sorprende es que el independentismo proponga como candidato a alguien que sabe que no puede ser investido, cuyo mérito no es su experiencia de gobierno, sino su capacidad de movilización y cuyo aval es el deseo de un fugado de la Justicia llamado Puigdemont. Con esas credenciales en su candidatura fallida, hay que preguntarse cuál es el interés de la lista de Junts per Catalunya por provocar esa previsible negativa del juez, con su consecuencia política menos presentable: al no haber Gobierno catalán, se seguirá aplicando el 155 y, con ese artículo en vigor, el autogobierno catalán está seriamente limitado. Siguen existiendo todas las instituciones constitucionales y estatutarias, pero las decisiones administrativas son adoptadas por el Gobierno catalán provisional, que es el Gobierno Rajoy.
Los grupos independentistas podrían librarse de ese yugo de Madrid de una forma muy sencilla: eligiendo a un candidato igualmente independentista, pero limpio de causas judiciales. Es lo único que les pide Rajoy y algo que no podría vetar ni el más radical de los jueces españoles. Si no lo hacen, tiene que tener alguna clave. La más sencilla sería que Puigdemont, que no gobierna pero reina, quiere a alguien de su estricta confianza que, además de honrar su obra, le ceda el trono cuando se produzca la ruptura con España o haya un cambio de régimen que decrete una amnistía.
¿Les parece razón suficiente? Claro que no. Si el independentismo mantiene voluntariamente la vigencia del artículo 155, es porque le interesa a sus fines y a la propaganda de su causa. Una Generalitat intervenida por el Gobierno central durante mucho tiempo tiene fácil venta en la prensa internacional como evidencia de un Estado autoritario y represor. Una prohibición judicial de que un preso preventivo no pueda ejercer sus supuestos derechos cívicos justifica la campaña de una Justicia española contaminada y dominada por el poder político. Creo que esa es la clave de la reiteración: perder tiempo para ganar imagen de víctimas en la opinión internacional.