Sí, había dinero para los pensionistas


Si ayer me levantase con el pie derecho -mi pie malo- o enfadado con el Gobierno, hubiera comenzado este artículo con el viejo refrán celestinesco: «Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo». O, alternativamente, para mostrarme más irónico y menos previsible, con la célebre frase de fray Luis de León cuando retomó las clases después de abandonar la cárcel: «Decíamos ayer...» Y aclaro: lo que decía ayer Rajoy era que no había dinero para subir las pensiones.

Como me he levantado de buen talante y espíritu conciliador, me limitaré a presumir de oráculo. Dediqué varias quillas a probar que, con el actual nivel de recaudación tributaria, había dinero de sobra para atender las demandas de los pensionistas en lucha. Y el Gobierno, atornillado por el PNV, me acaba de dar la razón: lo había. Tardó en reconocerlo y comprendo el motivo. Necesitaba ir soltándolo a plazos, administrándolo con cuentagotas, para canjearlo por sucesivos apoyos a los Presupuestos. Pero lo había. Esta es, resumida, la historia.

Primero fue la habitual y reglamentaria subida del 0,25 %. Los pensionistas, mosqueados por la perspectiva de ceder poder adquisitivo hasta el día del juicio final, se lanzaron a la calle. El Gobierno, tras un primer momento de estupor -quizá no advirtió que la nueva hornada de pensionistas está cocida en el horno de mayo del 68-, reaccionó y, antes de que los abuelos comenzasen a levantar barricadas, firmó el primer cheque: las pensiones mínimas y de viudedad subirían un 2 %. Albert Rivera, raudo y ufano, presentó el acuerdo como una conquista de Ciudadanos. Pero Montoro guardaba un cartucho en la recámara -otro cheque- para bajarle los humos: donde Rivera decía 2 %, el ministro subía la apuesta al 3 %. La subasta no concluyó ahí. Quien definitivamente se llevó el gato al agua -el tercer cheque- fue el PNV. Los vascos obligaron al Gobierno a dinamitar su reforma unilateral del sistema: aparte de las mínimas, las demás pensiones subirán este año y el próximo tanto como el IPC y se aplaza hasta el 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Quienes se jubilen en los próximos cuatro años están de enhorabuena: no comenzarán su retiro con prestaciones recortadas.

Tanta dicha solo se ve empañada por el vapor de una sospecha: la dudosa sinceridad del converso. ¿Cedió el Gobierno porque al fin vio despejado el futuro del sistema o lo hizo, simplemente, para comprar cinco votos que le garanticen agotar la legislatura? ¿Satisfacción de una justa reivindicación social o mera moneda de cambio? La pregunta resulta inquietante porque, desde hace años, las pensiones han dejado de ser una política de Estado, ajena a los vaivenes de la coyuntura política, para convertirse en objeto de cambalache y cromos intercambiables de los partidos.

Dicho de otra forma. Si las medidas acordadas por el Gobierno y el PNV fuesen fruto del Pacto de Toledo, donde están todos y donde se supone que se evalúan todas las caras y aristas del poliédrico problema, yo dormiría más tranquilo y a pierna suelta.

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