La cuestión social y la redistribución han vuelto al primer plano de la agenda política, una agenda de género, social y ambiental de la que no deberíamos haber salido.
Después de un largo periodo a la espera del cambio político, que de momento no ha tenido lugar, el movimiento feminista y el movimiento en defensa de las pensiones han salido a la calle en grandes movilizaciones en defensa de sus derechos y ante lo que se percibe como una salida absolutamente injusta de la crisis.
El efecto túnel ha puesto en pie a amplios colectivos que ven con indignación cómo siguen marginados de la recuperación, mientras una minoría sale airosa antes, durante y después de la crisis.
Pero, mucho más allá, han puesto en evidencia lo que la histórica feminista Nancy Fracer llamó la conjunción de dos crisis con efectos dramáticos: la crisis del estado social y la crisis de cuidados, o mejor dicho el grave problema de la reproducción social ante la nueva oleada neoliberal.
Porque el carácter de la reproducción, especialmente el trabajo de crianza y cuidados, se ha mantenido hasta ahora en la sombra, tanto de la realidad y la contabilidad económica como también, y en particular, de las prioridades políticas.
La crisis económica y las políticas de austeridad, los recortes sociales y las privatizaciones han acentuado aún más la desigualdad y la precariedad social y laboral, descargando sus más negativos efectos sobre las mujeres y los mayores, que han vuelto a ser el amortiguador de la crisis y del estallido social.
El 8M y las movilizaciones muestran el malestar social ante la salida desigual y precaria de la crisis y la desconfianza política ante la corrupción, pero también la desconfianza y la decepción ante la impotencia y la gesticulación de las alternativas políticas.
Su contundente y masivo mensaje no se puede ignorar.
Es verdad que las respuestas fundamentales a las movilizaciones del 8 de marzo se encuentran en decisiones estatales y del gobierno Rajoy, como es la dotación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o las normas básicas frente a la brecha salarial y los permisos de paternidad iguales e intransferibles.
También es competencia del gobierno central la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones en el marco del pacto de Toledo y su consolidación presente y futura, muy ligada a un modelo de empleo de calidad y a un sistema fiscal progresivo.
Pero desde otros ámbitos nos equivocaríamos eludiendo la cuestión, porque de esta crisis económica y de la posterior crisis política y territorial ha salido muy debilitada la política en general, pero también, y muy especialmente, el modelo del estado de las autonomías, atrapado entre el independentismo y la paralela reacción centralizadora y nacionalista.
Todo ello en detrimento de los servicios públicos y los derechos sociales que configuran buena parte del estado del bienestar y dependen de las Comunidades Autónomas y los municipios como administraciones más cercanas.
Nos equivocaríamos doblemente si pensáramos que la cuestión de género, los derechos sociales y los servicios públicos no nos conciernen, porque todos y todas podemos y debemos contribuir a paliar el malestar social y porque la recuperación de la confianza política también afecta a las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, la crisis de cuidados interpela a las políticas redistributivas, y dentro de ellas, a las administraciones, que están obligadas a la provisión de los servicios públicos como la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia, la educación o la protección ambiental.
La lucha por la calidad de vida y la contaminación también forma parte de la crisis de reproducción y es un problema de urgentísima atención desde una perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y económica.
La degradación a corto plazo, como consecuencia de la ofensiva neoliberal, del sector de los cuidados y del sistema público de pensiones, de atención a la dependencia o la escuela infantil, entre otros, de su carácter público y orientación universal hacia un modelo asistencial para la mayoría, nos obliga a defender aún más los servicios públicos.
Además de la defensa del estado social, el 8M nos plantea una reflexión ineludible sobre el proyecto de renovación de los servicios públicos, el cambio en su modelo de gestión, el enfoque de género y la participación ciudadana.
Resulta cada vez más imprescindible la colaboración de las CCAA en cuestiones asistenciales básicas, como el salario social (en el camino de una renta mínima de ciudadanía)., así como el refuerzo de las medidas contra la pobreza infantil, energética y habitacional y la garantía de derechos vitales básicos reconocidos como derechos subjetivos por ley.
Y también con los programas de envejecimiento activo, de acuerdo con las asociaciones, el plan de refuerzo del servicio de atención a la dependencia, hoy prácticamente paralizado por el gobierno del PP, con el plan de viviendas de alquiler a mayores y la eliminación de barreras arquitectónicas, y con la estrategia sociosanitaria, la reorientación a crónicos y el desarrollo de programas específicos como el de gerontopsiquiatría.
En otro plano, es preciso emplazar al gobierno asturiano al cumplimiento de la dotación presupuestaria, la evaluación y relanzamiento del acuerdo social y político contra la violencia de género, a la revitalización de los planes de igualdad, especialmente en el ámbito de la educación, para combatir la cultura machista mediante la extensión de los programas de educación afectivo-sexual, el fomento de actividades en igualdad y el observatorio de educación no machista.
Es preciso intervenir también en otros ámbitos, como la lucha contra la brecha salarial, la lucha contra la trata de mujeres y la explotación sexual o la situación precaria de los juzgados, donde aún no se han tomado medidas para evitar la coincidencia de víctima y agresor, como exigen las normas europeas.
Es preciso el enfoque de equidad y de género también en sanidad: el tratamiento y prevención del infarto de miocardio, la excesiva medicalización, que también es más acusada en las mujeres, y la forma de enfocar y tratar los partos.
En fin, es evidente que quedan aún muchos asuntos pendientes en la batalla por la igualdad. Un ejemplo de ello, que hemos de lamentar y criticar, es el hecho de que la segregación por sexos en la escuela, que vergonzosamente intentó blindar la LOMCE, sea ahora avalado por el Tribunal Constitucional. Nos encontramos ante un gravísimo paso atrás en el camino de la igualdad y la educación en valores no sexistas.
Concha Masa y Gaspar Llamazares. Diputados de IU de Asturias en la Junta General