El mismo Partido Popular que, como apunté aquí mismo antes de ayer, se niega, por ignotas razones, a acabar con la escandalera de la manipulación desinformativa de la televisión y radio pública catalana, convertidas en el caballo de Troya de la rebelión contra la España democrática, viene demostrando una rara habilidad para meterse de hoz y coz en todos los jardines que se le ponen por delante. Pues un jardín, y de los de agárrate que hay seto, ha sido durante semanas el tozudo y torpe empeño de Montoro en sostener que no había habido malversación en Cataluña.
No se trata claro está, contra lo que enseguida creerán algunos zoquetes internautas, de esos que nada entienden y todo lo confunden, de que el ministro mienta para inculpar falsamente a los presuntos rebeldes imputados por el juez. ¡Dios me libre de sostener tal atrocidad! Se trata, simplemente, de que Montoro no se empeñe en proclamar que él vigila lo que no puede controlar y sabe lo que no está en sus manos conocer.
Montoro puede afirmar que dentro de lo que es posible controlar con los mecanismos de vigilancia económica y contable del ministerio que dirige, él tiene constancia de que los poderes públicos rebeldes no han malversado un solo euro. No solo puede hacerlo, sino que es lógico que defienda en ese punto su gestión, pues de lo contrario podría acusársele, no solo de algunos presuntos delitos, sino también, con toda la razón, de una administración negligente e irresponsable en un asunto de tan extraordinaria gravedad como es el de la secesión de Cataluña.
Pero lo que Montoro no puede es conocer lo que, de hecho, no conoce, pues Cataluña, como todas las demás comunidades españolas, tiene un presupuesto propio, cuya partida de gastos es de control dificilísimo si quien gasta lo hace con la declarada intención de disfrazar determinadas partidas para fines delictivos. De hecho, es seguro que los responsables de la Generalitat que presuntamente utilizaron dinero público para financiar un referendo ilegal hicieron todo lo posible para que lo que ellos sabían perfectamente que era un gravísimo delito no pudiera descubrirse.
La prueba de que actuaron de ese modo, tal y como lo hace cualquier buen delincuente que se precie, es que los presuntos gastos ilegales solo han salido a la luz tras la investigación exhaustiva de la Guardia Civil ordenada por el juez competente para ello. Y contra los resultados de esa investigación, cuya apreciación solo corresponde al tribunal que en su día juzgue el caso, nada vale el contumaz empeño de Montoro en negar lo que, por lo demás, resulta absolutamente verosímil: la malversación de fondos públicos.
Porque todo el llamado procés ha consistido en una malversación continuada: un formidable engaño, un juego sucio de tramposos movidos por la voluntad de dar gato por liebre, una monumental estafa política y social que ha destrozado el prestigio de Cataluña y puesto el de España en entredicho.