Los sofistas, que dominaban el panorama intelectual de la polis (siglo V a. C.), creían que la bondad era una virtud individual pero no cívica, y que, para que el mundo fuese como una seda, bastaba con ser legales. Contra su relativismo moral se alzaron Eurípides y Sófocles, que introdujeron en sus exitosas tragedias las virtudes de la coherencia y la honradez. Y finalmente habló Sócrates -con ayuda de Platón-, que situó la rectitud de una conciencia insobornable sobre el imperio convenido e insoslayable de la ley. Aunque Aristóteles nos proveyó de una potente síntesis, la historia de la humanidad refleja un continuo vaivén entre la prevalencia de la ley, que define buenos ciudadanos, y el valor de la conciencia, que hace buenas personas, aunque la Europa anterior al siglo XVI mostró una profunda y muy estable querencia por el moralismo cristianizado de Sócrates y Séneca. La vuelta al relativismo moral tiene su mojón en Maquiavelo, aunque no faltaron quienes, como Kant, volvieron a apostar por un juicio moral autónomo: «No hay nada en el mundo, ni es posible pensarlo fuera de él, que pueda ser tenido por bueno sin limitación, salvo una buena voluntad». Y, en pura política, también es curioso el artículo 6 de nuestra Constitución de 1812, que situó la ciudadanía un paso más allá de la ley: «El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos». Pero la triste realidad es que hoy la bondad o la rectitud no cotizan.
Los derechos lo invaden todo, y el Estado no deja resquicios por los que pueda disiparse su formalismo moral. Solo la ley define lo bueno y lo malo, y su pauta es como un baile infernal en el que los delitos aparecen y desaparecen a toque de consenso y conveniencia. Así lo intuyeron los chelis vallecanos, que en los años setenta ya habían cambiado buena persona por tío legal. Y así lo hizo ETA, cuyos comandos legales se definían por ser invisibles para la ley. Este sofisma moral asoma hoy por todas partes, sin que la sociedad se percate de que la casuística legal, y su correlato penal, no pueden describir ni gestionar todas las amenazas que se ciernen sobre la convivencia. Y, tras haber concluido que todo lo que la ley no prohíbe es lícito, nos vemos indefensos ante las debilidades y desvíos del individuo, porque nadie se atreve a educar a niños y jóvenes en la idea de que la rectitud personal empieza antes de la ley y reaparece tras ella.
Alguien debió de creer que la joven víctima de los sucesos del San Fermín del 2016 estaba bien orientada y protegida por el Código Penal. Pero yo, cada día más antiguo, creo que le habría ido mejor -a ella y a su generación- si, como complemento de sus derechos, les hubiésemos hablado de Sócrates, de Kant y de la conciencia. Porque nos conviene vivir en una sociedad que, además de pensar en lo que podemos hacer, reflexione alguna vez sobre lo que debemos hacer.