Vivimos un goteo incesante de personas mayores que mueren en la soledad de su vivienda, y solo meses después alguien -normalmente el arrendador por la falta de pago- los echa de menos y de esta manera se descubre el suceso luctuoso. En estas circunstancias, no me extraña que más de uno piense que, llegados a cierta edad, lo mejor que uno puede hacer es irse de este mundo.
Otro dato no menos horrible es que, según datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, en nuestro país cada año mueren 54.000 enfermos que, necesitándolos, mueren sin recibir los cuidados paliativos que debieran. Todos tenemos miedo a morir con dolor y sin la sintomatología de nuestra enfermedad bien controlada, incluida la parte emocional. Yo el primero. Tampoco extraña que, en este contexto, más de uno piense en la eutanasia o en el suicidio médicamente asistido como la mejor salida de la que echar mano.
Ahora bien, yo me pregunto si, con esos datos (que son los que son y no el escenario bucólico de un científico australiano que tiene los cuidados que requiere en su país y aun así decide irse a Suiza para suicidarse con ayuda profesional, lo cual requiere capacidad económica, escuchando no sé qué deliciosa sinfonía), alguien que en España hiciera uso de un hipotético derecho a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido estaría tomando una opción realmente libre y voluntaria. Tengo mis dudas, de verdad. En un escenario totalmente diferente yo no tendría esas dudas y, por consiguiente, mi juicio moral sería otro bien distinto.
Por cierto, ¿por qué deberíamos aceptar estos suicidios y no otros? La duda me surge porque la Organización Mundial de la Salud considera desde el año 2014 la prevención del suicidio un imperativo global, una cuestión de salud pública que debería ocupar un lugar destacado en todas las agendas políticas. Es decir, se considera el suicidio un mal a evitar a través de una estrategia integral multisectorial.