La controversia sobre el estatus jurídico de la lengua asturiana es tan prolongada como lo es la etapa autonómica, pues la pretensión de otorgar un régimen de protección ha sido una constante prácticamente desde la Transición, con distintas intensidades según el momento. La percepción común entre las personas con una disposición favorable en la materia es la de hallarnos ante un trabajo inconcluso, cuya finalización permitiría alejar cualquier sombra de conflicto lingüístico, asegurar los derechos de los hablantes y apoyar la supervivencia del patrimonio inmaterial que representa la lengua asturiana, en tiempos de homogeneización global asociada al poder económico (en el que la riqueza lingüística del planeta se reduce como lo hace su biodiversidad). Echando la vista atrás, es cierto que se han perdido oportunidades magníficas para resolver este expediente hace ya tiempo, con la definición de un modelo de política lingüística más claro y con una concepción más amplia y profunda sobre los derechos lingüísticos como parte de los derechos civiles. De haber sido así, un consenso hoy todavía inexistente hubiera fraguado, se hubiera despojado a la discusión de gran parte de su emotividad y sería excéntrico el partido político que se situase al margen de una línea inclusiva, abierta y comedida pero suficientemente protectora cuando se trata de posibilitar que el medio normal de comunicación entre los poderes públicos y los ciudadanos que lo deseen fuese el asturiano.
No obstante, no se trata de lamentar las oportunidades perdidas sino de aprender de lo vivido, de la experiencia de terceros y, como no, de valorar lo mucho recorrido desde que comenzó a adquirirse en esta tierra conciencia lingüística. Si lo analizamos igualmente en perspectiva, podemos comprobar cómo durante años se construyó en Asturias un modelo propio de protección, que va desde el trabajo académico, la posibilidad de acceder a su estudio (especialmente en el sistema público) y el otorgamiento de ciertos derechos (aun con limitaciones y contradicciones) a los hablantes, hasta la promoción del uso social y la creación musical y literaria asociada a la lengua asturiana. En el ámbito legal, la manifestación principal de ese modelo específico de Asturias fue la Ley 1/1998, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano cuyo desarrollo y aplicación aún podría dar mucho más de sí, lo que no debemos olvidar entre tanto se gesta la mayoría necesaria (al menos 3/5 de la Junta General) para modificar el tratamiento de la lengua en el Estatuto de Autonomía, lo que llevará cierto tiempo; cuestión que además requerirá mayoría absoluta en las dos Cámaras de las Cortes Generales, de modo que incorporar al menos a una parte de la derecha al acuerdo básico, será necesario. Pensar voluntaristamente que el nuevo posicionamiento de la FSA-PSOE en la defensa de la oficialidad, adoptado en el 32º Congreso, convierte en cosa casi hecha la consecución de esa meta, no es en absoluto ajustado a la realidad. Por ello, debemos tener en cuenta los escenarios parlamentarios distintos que pueden darse (en Asturias y en España) para gestionar adecuadamente las expectativas, no generar frustraciones y seguir haciendo camino al andar con el marco estatutario vigente, que sigue permitiendo un amplio despliegue de ese modelo propio. Modelo que, con sus insuficiencias y problemas, es específico de nuestra comunidad autónoma y ha hecho de la necesidad (desarrollar políticas lingüísticas sólidas en un marco sin oficialidad), virtud, de manera no totalmente satisfactoria pero sí dando pie a avances significativos.
El contexto nuevo en el que estamos debería permitir un debate racional sobre el modelo lingüístico, que no hay que rehuir; aunque no debe, como acertadamente viene reclamando el secretario general de la FSA-PSOE, consumir todas las fuerzas ni ocupar el centro del escenario político, que debe abordar una variedad de asuntos críticos para el futuro de Asturias. Tampoco debe servir esta situación distinta para dar pábulo a falsedades y posverdades (las que algunos se quieren tragar aunque sepan de su embuste), que pretenden alinear todo reconocimiento de la oficialidad con veleidades nacionalistas, que en Asturias son simplemente impensables. Es lamentable que el PP y Ciudadanos, en lugar de sumar sus propuestas (singularmente el PP, que debería por contra revindicar la coautoría de la Ley 1/1998), se limiten a agitar al electorado con espantajos sobre imposiciones que no figuran en las propuestas de nadie, pero que un público hipersensibilizado ante modelos de inmersión lingüística de otras comunidades teme. Y debemos tener cuidado con discursos que llevan el utilitarismo al terreno cultural y lingüístico, de una manera implacable, con riesgo de destrucción de la riqueza lingüística. Un planteamiento que, aplicado a la propia lengua castellana depararía su arrinconamiento ante la lengua inglesa, dado el carácter de lengua franca global de esta última, no digamos ya en el terreno de los negocios. Muchos profesionales de Asturias que prestamos servicios a las empresas en su esfuerzo de internacionalización desarrollamos una buena parte de nuestra jornada laboral, leyendo, escribiendo y hablando en inglés (y en algunos casos, en otros idiomas), pero no se nos pasa por la cabeza caer de hinojos ante la lengua del imperio y, en aras de la todopoderosa eficiencia, renunciar al castellano, por el hecho de que su vitalidad en el ámbito internacional sea claramente menor y sea insuficiente manejar sólo la lengua nativa.
Evidentemente, es legítimo pedir a los actores políticos que pongan sobre la mesa las distintas alternativas, para definir los mimbres de la política lingüística del futuro próximo y ofrecer la seguridad que la ciudadanía merece. Además, es oportuno hacerlo, porque en Asturias se dan las condiciones para que, al igual que se ha ido aplicando hasta ahora un marco específico de política lingüística sin reconocimiento de la oficialidad (que no tiene término comparativo), plantear un modelo de oficialidad singular para nuestra realidad, inédito en el contexto autonómico pero acorde a nuestras características. Un modelo que, en lugar de optar por apurar al máximo y ensanchar todas las posibilidades que permite la aplicación de las competencias autonómicas en la materia, opte por una intervención más limitada, acorde a la realidad sociolingüística de Asturias, garante de derechos, con un impacto moderado, digerible sin trauma alguno, de coste limitado y en todo caso parejo a los estímulos económicos que comportaría (aspecto este a no desdeñar, como nos recuerda el profesor de Economía Aplicada José Alba). Respetando, en todo caso, el contorno mínimo de la oficialidad, que pasa por asegurar, entre otras cosas, que, junto con el castellano, sea medio normal de relación entre los poderes públicos y la ciudadanía que quiera comunicarse con la Administración en lengua asturiana; que exista una política de promoción sostenida y no sujeta a vaivenes de la coyuntura política; que ocupe un espacio digno en medios de comunicación públicos; y que el sistema educativo facilite su aprendizaje de forma adecuada. En este ámbito educativo, por otra parte, el recorrido de estos años en la enseñanza del asturiano permitiría con facilidad soluciones perfectamente asumibles, como, en Educación Primaria, refundir en una única asignatura de libre configuración autonómica las de lengua y cultura asturiana (sin que compitan con otras alternativas); en Educación Secundaria, que la elección de lengua asturiana no tenga que confrontar con una segunda lengua extranjera como alternativa, bajo el criterio de promover el conocimiento y aprendizaje tanto del asturiano como de otras lenguas, mejorando también los recursos destinados a estas; y, sólo bajo criterios de voluntariedad, posibilitar programas en que el asturiano sea lengua vehicular (como sucede con el Plan Piloto Experimental de Promoción del Uso del Asturiano para el año académico 2017-2018, que al parecer está dando buenos resultados). Tocando otro aspecto controvertido, como es del acceso a la función pública, reconocer el conocimiento del asturiano como mérito, con una ponderación limitada (y excluida en determinados casos puntuales), es perfectamente cabal, y no comporta en absoluto perjudicar a nadie, sino otorgar al conocimiento de la lengua propia un cierto valor (porque objetivamente, lo tiene) a evaluar junto con el resto de méritos de los candidatos, de forma acorde al proceso selectivo de que se trate.
Lo que falta, en suma, es debate sereno, cortar de raíz el oportunismo de una derecha que no tiene reparos en problematizar irresponsablemente la lengua para utilizarla como fuente de confrontación, y promover una reflexión colectiva sobre el modelo de oficialidad que podemos aplicar, tratando a los interlocutores y a la sociedad asturiana como sujetos responsables que pueden y deben conocer las opciones en juego. Sabiendo que existen alternativas viables que armonizan razonablemente los derechos lingüísticos de todos, la administración de recursos limitados y la supervivencia de un patrimonio cultural colectivo.