Contra el criterio de la Fiscalía, de la acusación particular y, sobre todo, contra el sentir mayoritario de la sociedad civil, cuya indignación por este caso llevó a manifestaciones masivas por todo el país, los mismos jueces que condenaron a
la Manada en primera instancia, acuerdan ahora su libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, importe que ni siquiera llega a cubrir la indemnización a la víctima. Ganan 2 a 1 nuevamente, con el cambio de criterio de una de las magistradas, quien se posiciona ahora con el juez que emitió el voto particular, al apreciar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. A falta de conocer el contenido del auto, pues mientras estas líneas se escriben aún no se ha publicado, la decisión es incomprensible y difícilmente justificable, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también social. ¿Acaso es lógico argumentar que no hay riesgo de reiteración delictiva en quienes están pendientes de juicio por hechos de similares características o quien no ha llegado a mostrar arrepentimiento en ningún momento? ¿En quienes llegan a culpabilizar a su víctima como medio de defensa? ¿Cómo podemos afirmar con seguridad que quien se enfrenta a 7 años más de prisión no puede tener la tentación de fugarse?
Los jueces vienen exigiendo respeto a su independencia y a sus resoluciones. Es verdad que estas deben respetarse y acatarse, como garantía de que el Estado de derecho seguirá siendo tal. Pero ese respeto no es comprensión. No nos pidan que entendamos una decisión tan arbitraria, innecesaria procesalmente y tan alejada de la realidad social. Es inexplicable.