Si una farsa es según el Diccionario de la Lengua Española una «acción realizada para fingir o aparentar», la reunión de anteayer en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat fue una farsa en toda regla y sus protagonistas, por tanto, unos farsantes.
Rodeada del despliegue mediático de las grandes ocasiones, la conferencia en la cumbre Sánchez-Torra trataba de aparentar que lo que Xosé Luis Barreiro llamó aquí con acierto un diálogo de sordos sería en realidad el principio del fin de la solución a un problema catalán que había provocado la derecha.
He ahí el quid de la reunión: escenificar que con ella se abría una nueva fase en las relaciones entre «España y Cataluña», que superaba la marcada por la nula voluntad negociadora del Gobierno de Rajoy. Ese indecente mensaje -la culpa de la crisis catalana no es del separatismo golpista sublevado contra el Estado democrático, sino de la cerrazón de un PP que jamás quiso ni asumió el Estado autonómico- era más que el punto de coincidencia básico entre ambos presidentes: suponía, en el fondo, el verdadero objetivo de su pantomima.
Al cargar contra el PP, Sánchez trata de mejorar su posición electoral y de justificar tanto lo ya concedido a los secesionistas como lo que tendrá que darle en el futuro a unos socios sin los que el PSOE, como se ha visto a cuenta del chanchullo escandaloso de RTVE, no podrá aprobar ni una sola ley en el Congreso. Al cargar contra el PP, Torra y los nacionalistas persiguen, de un lado, un propósito que está en línea con la clave principal de su estrategia (la crisis catalana no es más que la consecuencia de la persecución a la que el PP ha sometido a Cataluña), pero debilitan además, de otro lado, la posición del Gobierno socialista, entregado al secesionismo una vez aceptada a traición la parte esencial de su discurso: que, con un Gobierno nacional dispuesto a negociar, la crisis catalana nunca se habría producido.
Es igual, claro, que más allá de ese mutuo interés en trasladar a la opinión pública una mentira formidable solo haya humo. Sánchez sabe que no podrá conceder a Torra aquello a lo que los separatistas aspiran de verdad: el ejercicio de un supuesto derecho de autodeterminación que no reconoce ninguna Constitución democrática del mundo. Y Torra sabe que si Sánchez aceptara su reivindicación de una república catalana independiente duraría menos en el Gobierno y el PSOE que un caramelo a la puerta de un colegio.
Pero eso, ahora, es lo de menos. Torra tiene lo que quiere: un Gobierno extremadamente débil que, dependiente del voto del secesionismo, le consienta seguir trabajando en su proyecto de una nueva sublevación. Y Sánchez persigue lo que ansía: un seguro parlamentario que le permita completar su inverosímil presidencia, aunque sea al precio de que el independentismo recupere todo lo perdido en aplicación del 155. Ese que Sánchez apoyó, aunque no quiera ni de lejos recordarlo.