El 2015 pasará a los anales de la historia europea como el año de la catástrofe y la ignominia. Más de un millón de personas, huidas de la guerra, perseguidas por razones políticas o acuciadas por el hambre, desembarcaron en nuestras playas -especialmente en las costas griegas e italianas- en busca de refugio. El drama significó la mayor crisis humanitaria registrada en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial.
El 2017 quedará inscrito en la memoria colectiva como el año en que Europa enterró la solidaridad, hizo trizas del Estatuto del Refugiado suscrito en Ginebra en 1951 y violó sin sonrojarse sus propios acuerdos. Ningún país comunitario, salvo la minúscula Malta, cubrió la cuota de refugiados que le asignó la Unión Europea. Entre todos se habían comprometido a reubicar a 160.000 personas, varadas en Grecia e Italia, y solo acogieron a 28.000, un raquítico 18 % del cicatero objetivo que se habían propuesto. A España le cupo el triste honor de ocupar el podio de los incumplidores. Debería haber recibido cerca de 19.500 refugiados en dos años y solo acogió a 2.500, apenas un 13 % de la cifra comprometida. Únicamente Austria o algunos países del Este, rehenes de gobiernos xenófobos y semifascistas, superaron el grado de incumplimiento de España. Países como Hungría, República Checa o Polonia, que sencillamente se pasaron el acuerdo europeo por el arco del triunfo y rechazaron de plano la entrada de refugiados.
El 2018 será también recordado por una decisión inédita que nos devuelve una pizca de dignidad a los españoles: el Tribunal Supremo acaba de condenar al Estado español por no tramitar el asilo de los 19.500 refugiados. El Supremo se convierte así en el primer tribunal europeo que toma cartas en el asunto. Y España -otra triste gloria para exhibir abdominales patrióticos-, en el primer país condenado.
La sentencia marca un hito. No condena la política de asilo del Gobierno, porque los jueces no están para eso. No condena el creciente deterioro de los valores que deberían presidir la Europa del bienestar y de los derechos humanos, porque tampoco corresponde a los tribunales juzgar las leyes, sino aplicarlas. El Supremo no se pronuncia sobre si hay que abrir las puertas a los desheredados del mundo o cerrarlas a cal y concertinas, ni si debemos recibir a un millón de refugiados o a ninguno.
Lo que sí dice el alto tribunal español, en el estricto marco de su función jurisdiccional, es que la ley hay que cumplirla. Y que el acuerdo de la Unión Europea es ley: «Vinculante y obligatoria», por tanto. Y que los tribunales nacionales están facultados, en contra de lo que sostenía el abogado del Estado, para velar por el cumplimiento de las medidas humanitarias de emergencia dictadas por Bruselas. Y que, en consecuencia, debe condenar y condena al Gobierno español por incumplir la ley.
Por extensión, a la espera de lo que diga el Tribunal de Justicia de la UE, el Supremo condena a Europa. Una Europa que regatea la solidaridad, la rebaja al mínimo y, al final, ni siquiera cumple su ínfimo compromiso.