Ante una subida impositiva que merodeará en el tiempo


España registró un déficit público de 36.233 millones en el 2017, lo que representó el 3,1 del PIB. Aunque la cifra es mejor que la del año 2016 -cuando ascendió a 50.401 millones, es decir, el 4,5% del PIB en ese momento-, el gasto público sigue siendo de tal magnitud -10.376 euros per cápita- que hace imposible la consecución de un déficit alineado con las pretensiones de la Comisión Europea a menos que se persevere en la contención de dicho gasto o el esfuerzo pase a centrarse en aumentar los ingresos fiscales. El primer camino ha sido transitado por los gobiernos del PP desde los años más duros de la crisis con los consabidos efectos; el segundo era el que, previsiblemente, iba a ensayar un Ejecutivo como el configurado recientemente.

Detrás de esta dicotomía está la pregunta del millón, consistente en decidir la mejor forma de que el sector público contribuya a la actividad económica y al bienestar de la gente. Una parte de la academia propugna que es la reducción del gasto público (y de los correspondientes impuestos) lo que más conviene. Como quiera que la mayoría de los impuestos distorsionan el comportamiento de los agentes económicos y las decisiones del sector público no necesariamente son mejores que las que adopta el sector privado, al carecer de la información necesaria y los incentivos adecuados, el Estado excesivo es una carga que agobia a la economía de mercado y a sus protagonistas hasta el punto de que la utilidad de la función económica del Estado se ve más como un beneficio para los gestores públicos, que lo usan para su propia satisfacción. Otro punto de vista atribuye al sector público el papel de reavivante de la economía y redistribuidor de la riqueza alterando la composición del ingreso nacional. Para ello, su instrumento básico es el gasto público y la inexorable contrapartida de los ingresos tributarios. Esta doctrina aboga por la expansión del gasto público y, por tanto, de los impuestos. En fin, no es necesario advertir al lector de dónde está situado un partido con el ideario del Partido Popular y otro como el Partido Socialista.

Se veía venir

Más allá de esta discusión, la inminente subida de impuestos -concretada en la creación de figuras tributarias y el uso de impuestos para cofinanciar la Seguridad Social- es algo que se veía venir. El insoportable sistema de pensiones lo presagiaba. Los sucesivos préstamos que el Estado ha venido concediendo a la Seguridad Social constituyen un mecanismo insostenible y allegar ingresos por la vía de los impuestos puede mitigar el problema coyunturalmente. Ahora bien, las medidas que previsiblemente se adoptarán pueden ser fácilmente trasladadas a los consumidores. Los nuevos impuestos con los que se prevé gravar a la banca podrían llegar en forma de menor remuneración del ahorro o tipos de interés y comisiones más altas. En tal caso, los pequeños ahorradores y los demandantes de crédito acabarán siendo los paganos. También podrían suponer más presión al sistema de pensiones en el futuro como es el caso de la eliminación del tope máximo de cotización a la Seguridad Social, la revalorización de estas prestaciones con el IPC o las medidas para aumentar el salario mínimo. Situar el foco en la subida de ingresos para sufragar los requerimientos del sistema de reparto de las pensiones sin tener en cuenta estabilizadores automáticos para reducir el gasto y hacer que el sistema tienda al déficit cero parece pan -perdón, votos- para hoy y miseria para mañana.

El lector debería percatarse de que la idea que sobrevuela es que el Gobierno emite la señal de que se olvida definitivamente de contener el gasto público y de que su esfuerzo se concentra en lograr más ingresos tributarios. Esto no parece bueno. Porque el mensaje es poco edificante y porque una vez que se abre la espita de los impuestos, la tentación a darle una vuelta más merodeará permanentemente. Al tiempo.

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Ante una subida impositiva que merodeará en el tiempo