El Supremo y la plusvalía municipal

OPINIÓN

18 jul 2018 . Actualizado a las 08:58 h.

En mayo del 2017 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que regulaban el cálculo de la base imponible cuando se transmite un inmueble de naturaleza urbana, así como la gestión tributaria del impuesto. Como consecuencia de esta anulación quedaron eliminadas las reglas existentes para calcular la eventual existencia de la plusvalía municipal. Concretamente declaró la inconstitucionalidad del impuesto cuando el precio de transmisión de un inmueble es inferior al de adquisición por vulnerar el principio de capacidad económica contenido en el artículo 31 de la Constitución.

Esta declaración dio lugar a que un gran número de contribuyentes reclamase la devolución del impuesto, incluso cuando la operación gravada (venta o herencia) le generó una ganancia. El vacío legal que hubo durante casi un año sin haberse publicado la reforma de la Ley de Haciendas Locales (LHL), dio lugar a la existencia de pronunciamientos judiciales discrepantes. Por un lado la doctrina denominada maximalista, defendida, entre otros, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimaba que tras la declaración de inconstitucionalidad y mientras el legislador no regule el nuevo régimen legal aplicable y, en concreto, determine la forma en la que se debe cuantificar el impuesto, las liquidaciones de la plusvalía municipal giradas en base a una normativa declarada nula e inconstitucional, son nulas de pleno derecho.

Por el contrario, otros tribunales, como el de Asturias, son partidarios de la tesis denominada posibilista, la cual entiende que el impuesto ha sido declarado inconstitucional solamente en aquellos casos en los que la transmisión se ha hecho a pérdida, de tal suerte que los Ayuntamientos pueden seguir liquidando el tributo en aquellos casos en los que existe una plusvalía real.