Cataluña vuelve al «154»


Del grado al que ha llegado la osadía del secesionismo catalán da idea un hecho que sería inconcebible en cualquier otra democracia: la Generalitat que dirige el racista Joaquim Torra pretende que los Mossos d’Esquadra protejan al expresidente Puigdemont, fugado de España desde hace meses para evitar ser procesado por gravísimos delitos. Es decir, la secta que gobierna en Cataluña quiere que la policía autonómica -pagada por todos los catalanes y cuya misión, como la de las otras en el mundo, debería ser defender la legalidad- proteja la huida de un presunto delincuente. Insuperable. ¿Insuperable? Me temo que no, pues el límite de lo insuperable se sitúa en Cataluña cada día más allá.

El viernes supimos que la Generalitat había decidido dar a Lluís Puig, exconsejero de Cultura, huido como Puigdemont de la acción de la Justicia, el mismo trato otorgado previamente a la también fugada Meritxell Serret: un carguito con un sueldo sustancioso (85.000 euros anuales) para hacerle más llevadero eso que denominan «exilio» los nacionalistas. Exiliados pagados con cargo al presupuesto: el esperpento secesionista es ilimitado.

Si la Generalitat convocase oposiciones para el puesto de exiliado con sueldazo similar tendría que celebrar los exámenes en las gradas del Camp Nou. Envalentonados sabiendo que tienen al Gobierno de España parlamentariamente cogido del pescuezo, los rebeldes ha retomado plenamente su estrategia para la secesión: de ahí, entre otras cosas, la restauración del llamado Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), disuelto en aplicación del 155 porque bajo su nombre rimbombante se esconde una institución destinada en realidad a hacer propaganda internacional de la delirante república catalana independiente. ¿Cómo ha respondido el Gobierno ante lo que metafóricamente cabría calificar como «la vuelta al 154», es decir, a la situación previa a la restauración, vía 155, de la legalidad en Cataluña? Pues con una insólita proclamación de su presidente: que él apuesta por el «diálogo» con Cataluña y por «no abrir nuevas vías judiciales», lo que, una de dos: o es una barbaridad… o es una barbaridad. Una barbaridad si las palabras de Sánchez se interpretan en su literalidad, pues en un Estado de derecho las vías judiciales competen al poder judicial y no al ejecutivo, como sabe cualquier estudiante de primero de Derecho y es incluso posible que no desconozca la vicepresidenta Carmen Calvo. Y una barbaridad si, como es más probable, Sánchez está anunciando que él y su Gobierno renuncian a utilizar todos los instrumentos que ponen en sus manos la Constitución y las leyes para defender la legalidad ordinaria y constitucional. Unos instrumentos cuya utilización, cuando procede, no es una prerrogativa del poder ejecutivo sino su obligación inexcusable. Para echarse a temblar, en cualquiera de ambos casos.

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