En su primer discurso televisado, Adolfo Suárez pronunció una de las muchas frases que su concepto escénico de la presidencia le invitaba a acuñar: «Se trata de elevar a la categoría política de normal lo que en la calle es completamente normal». Hablaba el político de los tiempos tantas veces divergentes en los que transcurre la acción política y la madurez ciudadana. Los buenos dirigentes se anticipan a esa sensatez, pero demasiadas veces los gobiernos son un freno en el pulso que las sociedades libran con la modernidad.
La clave aquí es determinar qué es lo normal y en qué momento una ley deja de serlo para convertirse, primero en una extravagancia, y enseguida en una injusticia. Y cuando al fin la normalidad se impone, la situación anterior se nos revela como un anacronismo incompatible con la razón. En la dialéctica que reseñaba Suárez, la normalidad que reclamaba la calle era la democracia, y la ley superada, la dictadura. Hablemos de normalidad. ¿Qué es lo normal en una democracia? ¿Es normal que el dictador disponga de un mausoleo de dimensiones colosales cuya construcción dispuso él mismo? ¿Es normal que su tumba sea la principal en lo que en realidad es la mayor fosa común de España con 34.000 cadáveres enterrados (14.000 sin identificar)? ¿Es normal que su tumba se ubique frente al altar mayor, en el lugar más preeminente de la basílica? ¿Es normal el mensaje que ese enterramiento comunica? ¿Es normal que se censure el traslado apelando a la existencia de prioridades mayores como si los gobiernos no tuvieran la obligación y la capacidad de trabajar en varias cosas a la vez? ¿Es normal que la corrección de una descomunal anomalía y de un agravio institucional evidente se considere una provocación guerracivilista?
La normalidad de la calle de la que hablaba Suárez se impuso. También la del traslado de Franco lo hará. Y entonces se le verán las costuras al debate.