Cuesta creer la contumacia con la que una parte no pequeña de la derecha española se resiste a admitir la necesidad de la memoria democrática en nuestro país. Cada vez que se abre el debate sobre la forma de honrar a quienes lucharon por la consecución y pervivencia de un sistema de libertades en España, o a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se acude a argumentos de toda ralea para sofocar esa legítima pretensión. Desde negar de principio la existencia y necesidad de cualquier memoria colectiva (lo que es curioso, procediendo de quienes tienen en boca continuamente a la nación española, como si ésta pudiese existir desmemoriada), hasta blandir la oportunidad del olvido para, supuestamente, no reabrir heridas, compartiendo esa idea atávica (y falsa, al menos hoy) de que los españoles somos incapaces de abordar cualquier debate sin dejarnos arrollar por pasiones de peligroso desenlace. En los registros más cavernarios, en los que desgraciadamente se mueven algunos dirigentes del PP y C’s (y un puñado de militares retirados, visto el alucinante manifiesto de desagravio de Franco), incluso se utilizan argumentos, insostenibles desde el punto meramente historiográfico, propios del ideario de la «Cruzada», salvadora frente al «comunismo internacional».
Mal que les pese, la memoria histórica es la savia de la democracia. Y, por lo tanto imprescindible para mantener su vitalidad y proseguir su fortalecimiento. Echar la mirada al pasado para saber que los avances conseguidos se deben en buena medida a la capacidad de lucha y resistencia de quienes defendieron el ideal democrático, y rendir tributo a quienes pagaron por ello con su libertad o su vida, es el presupuesto necesario para comprometerse día a día con el mantenimiento y mejora del sistema de libertades, dando el relevo entre generaciones en esa obligación cívica.
Lejos de esta ineludible exigencia, algunos siguen creyendo que, en España, la consecución de un sistema constitucional y democrático, ciertamente imperfecto pero que permite vivir con la cabeza alta como ciudadano, es fruto de una concesión graciosa, o, como mucho, una suerte de cristalización espontánea, y no una conquista sufrida y arrancada en un periodo que se remonta a mucho antes de la Transición. Tal forma de contemplar nuestro pasado, es, a fin de cuentas, la expresión de un recelo primigenio a toda expresión de libertad y progreso (el rasgo elemental del conservadurismo de raíz no democrática), o bien la cómoda torpeza de quien vive en un relato artificial, sin atreverse a mirar de frente a las amarguras de nuestra historia y a las causas de que en España, hasta nuestra Constitución vigente, los intentos de modernización y superación del autoritarismo acabasen derrotados o aplastados. En el caso más dramático, el de la II República, a manos de un golpe militar y una dictadura de 40 años, entre cuyo legado se encuentra que nuestro país sea, después de Camboya, el segundo del mundo con mayor número de víctimas desparecidas (superior a las 110.000 personas).
La memoria histórica es, claro, dolorosa y molesta. Incomoda sobre todo a quienes (una minoría, por fortuna) sostienen una visión edulcorada y complaciente con el franquismo. Pero también a quienes (a despecho del conocimiento histórico actual) aún compran la teoría de dos bandos equidistantes igual de perversos. Y, por supuesto, desafía a quienes prefieren una democracia de baja calidad, porque la memoria cuestiona radicalmente que sea posible construir un sistema digno de tal nombre sin el nutriente perenne de los valores cívicos y, con ellos, su traza en el pasado y en quienes abogaron por ellos, los defendieron y los practicaron.
Pero la memoria, es a la vez, plural, reconfortante y reconciliadora. Plural, porque no está reñida con la multiplicidad de historias familiares y personales, que alcanza a todas las personas (independientemente de su condición y orientación política) en cuyo entorno se vivió el azote de la guerra y las penurias posteriores, ya que la propia provocación de la contienda es la consecuencia del golpe contra el sistema constitucional de 1931, y, evidentemente, nada impide apreciar el sufrimiento de todas las víctimas de la guerra. Reconforta porque enorgullecen los relatos de dignidad de quienes, durante todo el periodo dictatorial, fueron capaces de arriesgarse, en distinta medida, para que hoy vivamos en libertad. Y, a la postre, reconcilia con nuestras instituciones, e incluso nuestra identidad colectiva, que el país sea capaz de ponerse ante el espejo, otorgar la dignidad pública debida a quienes lucharon por la democracia, reparar en lo posible los perjuicios a quienes padecieron persecución y evitar que los espacios públicos (lo que debe incluir, evidentemente, Cuelgamuros) rememoren o ensalcen el relato mendaz del franquismo. En absoluto, por otra parte, significa dar la espalda a los avances conseguidos en la Transición, sino, simplemente, emanciparse de ciertos temores añejos cuyo peso hoy no sentimos sobre las espaldas, gracias en parte a quienes entonces hicieron posible el cambio democrático en España. Precisamente, en este proceso de recuperación de la memoria democrática, que viene de lejos (y que está por culminar acabando con la impunidad de los crímenes de la dictadura), la superación definitiva de las limitaciones que han impedido culminarlo, permiten identificarnos plenamente con el sistema constitucional que lo hace posible, sin que nadie tenga por ello que renunciar a sus planteamientos para su necesaria mejora y evolución.
El ejercicio de la memoria democrática ni distrae ni nos deja cautivos del pasado, porque es perfectamente compatible con el conjunto de preocupaciones del momento y del futuro. Al contrario, es memoria libertadora, fundacional y regeneradora. Necesaria y humana, como respirar, para seguir avanzando.