Sumido en una confusión cósmica, que aumenta cada día, la última ocurrencia de Pedro Sánchez (¡veremos cuanto dura!) ha consistido en sacarse de la manga la peregrina idea de realizar en Cataluña «un referéndum de autogobierno, no de autodeterminación», cuyo objetivo sería «votar para alcanzar un nuevo Estatuto que represente a todos los catalanes».
Nacida tanto de su ya evidente ineptitud como de la esquizofrenia que ha provocado en el Gobierno una política de pactos tan necesaria para mantenerse en el poder con 84 diputados como disparatada y constitucionalmente desleal, la propuesta del presidente socialista ha concitado de inmediato la unanimidad de todos los partidos.
Y es que todos, salvo el PSOE, están en contra. El Partido Popular y C’s porque ven en ella un despropósito que no hace otra cosa que confirmar las trastornadas tesis de los secesionistas, mientras estos y Podemos consideran que todo lo que no sea una consulta de autodeterminación resulta pura filfa.
Y filfa es, sin duda, la iniciativa del presidente del Gobierno, pero no por lo que afirman Torra y compañía, a quienes Sánchez les da, en efecto, la razón, al aceptar, con ellos, la tesis demencial de que la rebelión secesionista no tiene otra salida que una consulta al pueblo catalán. No, la ocurrencia de Sánchez es pura filfa porque supone un dislate monumental y descarado.
Teniendo de vicepresidenta a un portento del constitucionalismo -Carmen Calvo, cuya cacareada brillante trayectoria desconocemos, sin embargo, todos sus colegas- Pedro Sánchez debería saber que cualquier texto estatutario tiene que ser aprobado, además de por el Parlamento catalán, por una ley orgánica de las Cortes Generales, algo imposible solo con los votos del PSOE, que no parece vaya a contar en un horizonte previsible con la mayoría absoluta en el Congreso, necesaria para adoptar leyes orgánicas. Pero es que, además, ese eventual Estatuto, debería pasar el control previo de constitucionalidad que atribuye al Tribunal Constitucional nuestro ordenamiento, lo que sin duda abortaría cualquier intento de apaciguar a los rebeldes mediante un Estatuto que fuera en realidad la puerta para una futura secesión.
La extraviada propuesta de Sánchez es solo una nueva versión de aquella delirante promesa que realizó en su día Zapatero («Aprobaremos en el Congreso el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán») con la que el entonces presidente hizo trizas el consenso básico entre la izquierda y la derecha presente durante la construcción del Estado autonómico, y echó a rodar la bola de nieve que, tras el gran follón estatutario catalán, acabaría en la abierta rebelión separatista contra nuestra democracia.
Un desastre que, por lo que se ve, Sánchez parece dispuesto a repetir con tal de que ello le permita aguantar unos cuantos meses más en el Gobierno. Eso es un estadista y lo demás un cuento.