Los inadmisibles ultimátums del separatismo catalán contrastan hasta lo insólito con la vergonzante respuesta frente a ellos de un Gobierno trágicamente obligado a no molestar a quienes al mismo tiempo que los mayores enemigos de la España constitucional son una pieza esencial de la inestable mayoría socialista. Y es que sin el obsceno apoyo de esta nueva carlistada ni Sánchez sería presidente ni tendría ninguna posibilidad de agotar la legislatura.
Es ese terrible secuestro de la autonomía del Gobierno por parte del golpismo separatista, que sigue en abierta rebeldía, el que explica que un discurso tan amenazador y sedicioso como el pronunciado por el presidente de la Generalitat hace tres días en el Teatro Nacional (¡faltaría más!) de Cataluña, haya llevado al Gobierno a hacer malabarismos para no importunar al mismo Torra que hacía una llamada en toda regla al levantamiento popular contra dos de las reglas básicas del Estado de derecho: el respeto a la ley y a las sentencias judiciales.
Entre esos malabarismos increíbles por cobardes (recordemos la frase de Goethe: «El cobarde solo responde cuando está a salvo»), destacan los de la ministra portavoz frente a las bravuconadas de Torra («Libertad o libertad») sobre las sentencias que afecten a los procesados por presunta rebeldía. ¿Qué replica mereció tal bravata por parte de la ministra que habla en nombre del Gobierno? Pues la siguiente: que «casi ninguna persona que está sometida a los tribunales tiene mucha determinación para aceptar las sentencias», aunque «finalmente las sentencias de los jueces hay que aceptarlas». Tranquiliza, sin duda, que la ministra tenga al menos claro que las decisiones de los jueces deben acatarse, pero Celaá tendría que explicarnos en dónde viven según ella las personas poco dispuestas a aceptarlas. No en España, desde luego, donde cualquier procesado sabe de antemano que tendrá que apechugar con su sentencia por la sencillísima razón de que en nuestro país el Estado de derecho funciona sin ningún tipo de excepción: desde el cuñado del Rey al último ratero. En su afán por no ofender a sus socios de Gobierno (pues eso son, aunque resulte esperpéntico, los golpistas catalanes), la ministra portavoz olvida, además, algo esencial: que quien exige que no se aplique la ley y proclama que no aceptará lo que los jueces decidan al darle cumplimiento no es un cualquiera, sino el presidente de la Generalitat, primera autoridad regional y representante ordinario del Estado en Cataluña. Pero todo eso es, al parecer, irrelevante. Empeñado en un diálogo con los rebeldes que había fracasado antes de empezar, Sánchez hace oídos sordos a la nueva intifada que se prepara en Cataluña, preocupado solo por el hecho de que aquella pueda frustrar su plan de culminar la legislatura.
Todo lo demás está subordinado a ese objetivo. Pavoroso, pero cierto.