Todo indica que, tras la ruptura entre Díaz y Ribera, estamos a punto de iniciar la tormenta electoral que se va a precipitar sobre España durante los próximos dos años. Y digo tormenta electoral porque, si bien es cierto que las votaciones son la esencia y el distintivo de las democracias, y constituyen el impulso periódico a un proceso de movilización ciudadana en el que se cumplen los ciclos de revisión, programación, renovación y decisión del cuerpo electoral, no puede considerarse bueno que los ciclos de gobierno se acorten y el número de consultas se duplique. Porque con las elecciones sucede lo mismo que con los ciclos climáticos, en los que es bueno que haya episodios de lluvia y de sol, de viento y de calma, de calor y de frío, pero no es bueno que tales fenómenos se mezclen y agiten hasta romper el beneficioso efecto de las estaciones.
En España, cuando todas las legislaturas cubren su tiempo, votamos, de media, una vez por año, a las que pueden añadirse algunos refrendos o consultas especiales. Y en ese sentido podemos decir que tenemos un calendario electoral movido, pero normal y asumible. Ahora, sin embargo, estamos en un período en el que las elecciones andaluzas y vascas pueden adelantarse por segunda vez consecutiva; las generales lo harán por tercera vez y las catalanas por cuarta, en un año en que coinciden también las elecciones locales, regionales y europeas. Si a eso añadimos que todas esas elecciones se presentan como singulares mojones de un conflictivo proceso de renovación sistémica que ha disminuido la gobernabilidad, y ha aumentado los niveles de fragmentación y confrontación del Congreso, de los partidos y de sus líderes; y si tenemos en cuenta la agudización del problema territorial por la que apuestan los nacionalistas y algunos populistas, bien podemos pensar que, en vez de estar ante un momento de siembra, que espera cosechar próximos frutos, estamos ante una ciclogénesis electoral explosiva, que puede afectar a la estabilización de la política y del crecimiento económico, e impedir la salida ordenada de los últimos ribetes de la crisis.
Esta aceleración electoral -que es resultado de procesos democráticos legítimos, aunque no necesariamente acertados- ya tiene sus propias inercias, y no puede ni debe ser evitada a estas alturas de la película. Pero sí puede gestionarse y moderarse de acuerdo con el interés general, para que, en vez de servir para agitar un panorama que ya está en extremo confuso, supongan el aprovechamiento de buenas oportunidades para que en todos los niveles de la política se aclaren y estabilicen los procesos de confrontación que nos hacen perder grandes oportunidades, y se ganen, progresivamente, mejores expectativas de gobernabilidad. Porque si seguimos como ahora, y no paramos de acelerar, es muy probable que después de dos años de elecciones, en los que no habrá tiempo ni serenidad para gobernar, entremos en un período en el que ya será imposible gobernar.