Leyes ómnibus, tocino y velocidad


Pedro Sánchez ha introducido un misil, con forma de enmienda, en una ley orgánica que se debate en el Parlamento. La ley trata de la violencia machista, pero el torpedo tiene otro objetivo: destruir la capacidad operativa del Senado para vetar la senda de déficit y allanar el camino a la presentación de los Presupuestos para 2019. La argucia legal ha soliviantado a la derecha y las cornetas de Ciudadanos y PP llaman al combate. Rivera le atribuye «falta de escrúpulos» al presidente y Casado afirma sin ruborizarse que se le está poniendo «cara de Maduro». Mientras, los juristas se han puesto a trabajar a destajo en el arsenal, para suministrar munición a uno y otro bando.

Es cierto que, con su decisión, Pedro Sánchez mezcla el tocino con la velocidad. Aprovecha la regulación del tocino para modificar el código de circulación y los topes de velocidad. Pero también lo es que todos los gobiernos, desde Suárez a Rajoy, hicieron lo mismo. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, colocaron en el buque de pasajeros las mercancías más variopintas. Tradicionalmente, la palma de tal práctica se la llevaba la ley anual de acompañamiento de los Presupuestos, en la que cabía de todo. Era la denominada ley ómnibus, un batiburrillo de toda clase de medidas legislativas, tuviesen o no relación con las cuentas públicas.

Pero, al margen de las normas adosadas al Presupuesto, hubo muchas otras leyes ómnibus. Alguna, como la ley 62/2003 aprobada en la era Aznar, modificó de una tacada 113 leyes de contenido tan dispar como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley General de Sanidad o la Ley de Telecomunicaciones. Casi no hubo materia, relativa al tocino o a la velocidad, que no abordase esa ley de leyes: acuicultura y bicicletas, lotería y agencias de colocación, cajas de ahorro y censo de buques, seguridad nuclear y deporte de alto nivel, fuerzas armadas y regadíos, protección de las mujeres y pensiones.

A la vista de los antecedentes, Pablo Casado debería atarse los machos antes de acusar a Sánchez de cometer un «fraude de ley». No vaya a ser el diablo que, utilizando rigurosamente su baremo, resulte que toda la legislación española sea fraudulenta.

Téngase en cuenta asimismo que la treta de Sánchez nace como respuesta al filibusterismo practicado por el PP y Ciudadanos. Los filibusteros de antes tenían cierto mérito: eran capaces de hablar interminablemente para obstruir la labor parlamentaria e impedir que se aprobase alguna ley que no les agradaba. Los de ahora, ni eso: se limitan a ampliar indefinidamente el plazo de enmiendas o se acantonan en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por lo visto, ya nada es urgente en España: ni la exhumación de Franco, ni la supresión de los aforamientos, ni la presentación de los Presupuestos. Nada, salvo un par de cosas: que Pedro Sánchez se examine de su tesis ante los doctos senadores del reino y, seguidamente, que se marche por la misma puerta de servicio por la que entró. Estas son, hoy por hoy, nuestras prioridades.

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