No puede ser y, además, es imposible. Pese a ello, Pedro Sánchez, urgido por una ambición incontrolada (aquella que criticaban con dureza los editoriales de un diario de Madrid que se convirtió literalmente, de la noche a la mañana, en el más ciego defensor del presidente) y por la convicción de que no iba a alcanzar por el derecho lo que acabó alcanzando del revés, se empeñó en llegar a la Moncloa con 84 diputados, muchísimos menos de los que, dada la composición de las Cortes, podían asegurarle gobernar sin verse forzado a pagar, por su mala cabeza, un precio altísimo.
El más sangrante es, sin duda, tener de indispensables aliados a dos partidos golpistas, cuyos votos necesita para sacar adelante cualquier ley, convalidar todos sus decretos-leyes y evitar las comparecencias que Sánchez no desea realizar. Ha de ser duro para él que Pablo Iglesias se haya convertido en el principal defensor de su tesis doctoral y que quizá acabe siéndolo también de ese libro en el que Sánchez y Ocaña fusilan conferencias y textos sin citarlos. Y ha de serlo tener que recurrir, para evitar dar explicaciones en el Congreso, a Tardà, Rufián y compañía, que insisten en que por su apoyo exigirán a cambio cosas tan increíbles en un Estado de Derecho como que el Gobierno «ordene» a la fiscal general del Estado retirar la acusación por rebelión contra los golpistas procesados.
Pero el precio de gobernar con el imprescindible apoyo de partidos que nada tienen que ver con aquel PSOE centrado que votaron millones de españoles ahora escandalizados con su deriva inconcebible, está teniendo otras traducciones que irritan y que en ocasiones entristecen. Irrita ver a la ministra de Educación desprestigiar la labor de la alta inspección del Estado, ¡nada más ni nada menos!, para justificar su negativa a hacer público el informe en el que aquella detalla el adoctrinamiento político que a través de los libros de texto se lleva a cabo en Cataluña: «¿Es descuido, falta de rigor o simple mala fe?», se preguntó Celaá con la evidente intención de desacreditar a los autores del informe. Y entristece ver como en cien días ha dilapidado Borrell gran parte del prestigio ganado durante años de ejecutoria pública respetada incluso por sus declarados adversarios: aquel Borrell no es el que ahora se ve obligado a proclamar que Cataluña es una nación, que se inmiscuye de un modo inadmisible en la esfera del poder judicial al opinar siendo ministro que los rebeldes catalanes en prisión preventiva deberían estar en libertad provisional y que se pone en un ridículo espantoso hablando de bombas que ¡saben bien a quien matar!
Cabe la posibilidad de que pese a todo este maremagno de oportunismo y cobardía el PSOE gane algunos votos en las próximas elecciones. Pero, incluso en tal supuesto, lo habrá hecho dejándose tantos pelos en la gatera del poder que resultará irreconocible.