Aunque era previsible que un ejecutivo sostenido por la irrisoria cifra de 84 diputados y nacido de una moción de censura atrabiliaria iba a superar todo lo conocido en entreguismo a quienes hicieron posible tan increíble componenda, el Gobierno de Sánchez ha traspasado en cien días límites que incluso los más pesimistas creían infranqueables, instalándose en lo grotesco, para pasmo de millones de españoles, incluidos muchísimos exvotantes socialistas.
Y no me refiero ahora a las contradicciones del Gobierno, en el que unos dicen una cosa y otros, ¡incluido su presidente!, lo contrario en asuntos de importancia primordial. Ni tampoco a los permanentes cambios de criterio, que han afectado a casi todos los temas abordados desde que Sánchez tomara posesión. Ni a la imagen bochornosa de un Consejo que se estrena cesando a un ministro por fraude fiscal, cumple sus cien días cesando por plagio a una ministra y tiene a otra ya en la cuerda floja. Ni hablo, en fin, del estrafalario doctorado del presidente del Gobierno.
Con ser grave, todo ello resulta peccata minuta en comparación con la operación de apaciguamiento en que se ha embarcado el Gobierno para mantener el apoyo de los golpistas que organizaron una insurrección dirigida a la secesión de Cataluña y que hoy siguen en abierta rebelión con idéntico objetivo. En esa operación, de una profunda deslealtad al Estado democrático, hay que inscribir el constante goteo de declaraciones de miembros del Gobierno a favor de conceder a los golpistas procesados por gravísimos delitos la libertad provisional, la defensa por parte de la delegada del Gobierno en Cataluña de un indulto para quienes aún no han sido ni juzgados, o las pasmosas palabras del presidente del Gobierno en Canadá, defendiendo una solución tipo Quebec para Cataluña, es decir, un referendo de autodeterminación.
Cada una de esas posiciones es tan grave -no digamos todas en conjunto- que el silencio ante ellas es inadmisible. Cualquier particular puede opinar sobre si hay que dejar o no en libertad provisional a personas procesadas por gravísimos delitos, varios de cuyos compañeros de fatigas están en busca y captura, pero que defiendan esa libertad varios miembros del Gobierno supone una intromisión del poder ejecutivo en el ámbito del judicial totalmente intolerable en un Estado de derecho. Como lo es que la delegada del Gobierno en Cataluña deje al Tribunal que va a juzgar a los rebeldes literalmente con el culo al aire al solicitar ¡antes del juicio! el indulto para ellos: si el presidente no la cesa habrá que suponer que comparte tal delirio. Cosa posible en quien, como si nada, defiende en Quebec todo lo contrario de lo que decía hasta la fecha sobre la autodeterminación. Y eso en el asunto más grave de la política nacional desde 1978. En manos de este presidente, rehén de los golpistas, está España. ¡Pobres de nosotros!