En España ha habido distintos intentos de definir y realizar estrategias y planificación energética, unos con más fortuna que otros. Pero en la práctica, se han incumplido los plazos fijados para su ejecución, revisión y actualización. Ahora se repite por enésima vez que el Gobierno está trabajando en el anunciado proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para recoger los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las metas en materia de energía.
Este vacío estratégico de España, choca con el creciente interés por parte de algunos de los mayores países de nuestro entorno, como Alemania, (2014/2050) Francia (Ley de «La transition énergétique pour la croissance verte», tras consultar al Consejo Nacional de Transición Energética, creado a este efecto) , Reino Unido («Strategy and Policy Statement»), o Estados Unidos, que están desarrollando estrategias y políticas energéticas a largo plazo y su puesta en práctica.
Alemania, el mayor productor de la UE de carbón, mantiene una política energética en un doble sentido. Por un lado ha decretado el cierre de todas las centrales nucleares del país y ha puesto en pie la llamada revolución energética con un apoyo descomunal a las renovables, 36% de la producción, pero a la vez mantiene al carbón, del que obtiene el 40% de su electricidad.
Las estrategias energéticas de estos países son en su mayor parte comunes en lo referente a los grandes objetivos generales de seguridad de abastecimiento, competitividad y protección del medio ambiente, aunque con velocidades diversas.
En particular, aparece el compromiso de la transición hacia la descarbonización casi total a largo plazo. Tal es el caso de Francia que, entre otros objetivos, establece reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 40% para 2030; o el alemán, con una reducción de emisiones del 80-90% a 2050, por mencionar algunos ejemplos.
Estas estrategias y las diferentes opciones que están barajando aconsejan plantearse ir más allá de las proclamas de descarbonización súbita de la ministra Rivera, por ejemplo en lo relativo a la seguridad del suministro, al equilibrio y diversidad del mix energético, al empleo y el desarrollo industrial, a los tiempos en los que deben realizarse los cambios estructurales, a la integración de conexiones españolas e internacionales o a los efectos que podrían causar la aparición de nuevas tecnologías.
Es destacable cómo, a pesar del proceso de descarbonización al que se ha hecho mención anteriormente, actualmente los combustibles fósiles representan más del 80% del mix de energía primaria. En el caso eléctrico, además, países como Alemania o los EE.UU tienen como principal fuente para la generación de electricidad el carbón, representando alrededor del 40% de su mix eléctrico.
Además de una estrategia energética a largo plazo, es imprescindible definir y adoptar por consenso político, sectorial y territorial la puesta en marcha de un período de transición energética viable. La descarbonización en el horizonte de 2050 implica que para entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de desaparecer del mix energético español. En su lugar, la electricidad con origen en fuentes renovables sería la protagonista absoluta del nuevo sistema.
El Acuerdo de París, adoptado por 195 naciones en diciembre de 2015, y ratificado ya por 160 países, marca una hoja de ruta para la descarbonización de la economía global, teniendo en cuenta «los imperativos de una transición justa para los trabajadores». Es por eso que la COP 23 de Bonn, en ausencia de EEUU, España, Polonia y Alemania se negaron a firmar la muerte del carbón en 2030.
El plan actual de la UE conocido como Horizonte 2020 plantea alcanzar el 20% del total de energía obtenida mediante fuentes renovables para el año 2020, Mas allá de esa fecha, la hoja de ruta de la UE para 2050 incluye una propuesta para un objetivo de entre el 55% en el escenario más moderado y 75% en el más decidido.
Sin embargo, los instrumentos fundamentales de la política energética, el mix, la selección de las fuentes energéticas primarias y la gobernanza del sector energético, salvo por unanimidad en sentido contrario, son responsabilidad de los Estados, a los que corresponde la formulación de las políticas y regulaciones energéticas nacionales, integrando en dichas políticas la dimensión europea.
La transición en España ya se ha producido en su mayor parte, lo más difícil y costoso se ha hecho en el carbón propio, no así en el importado ni en otros temas como la movilidad o el ahorro y la eficiencia energética. La producción de carbón nacional ha caído más de un 90% este siglo. En 2000 se extrajeron más de 23,4 millones de toneladas; el pasado año, 1,7 millones. Y España ha pasado de 45.000 mineros a menos de 3.000 en tres décadas.
Nos encontramos ante una encrucijada energética, cuya situación general es parecida a la de otros países europeos, pero con algunas particularidades. Su elevada dependencia energética, sólo ligeramente aliviada por la diversificación de recursos y de orígenes de suministro, así como por la contribución de fuentes autóctonas; y una escasa interconexión con el Centro y Norte de Europa en gas y electricidad, que nos convierte en una isla energética.
Conocer la situación del sector energético español es una condición previa imprescindible para poder reflexionar sobre el futuro y las medidas que se deberían llevar a cabo tanto a corto-medio plazo (periodo transitorio) como a largo plazo (estrategia energética).
En una deriva de gestos el 15 de junio de 2018 los negociadores del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo acordaron que el 32% de toda la energía consumida en la UE en 2030 proceda de fuentes renovables, tres puntos menos de lo solicitado por el Ejecutivo comunitario.
De forma contradictoria, el Consejo de la UE ha aplazado a 2025 la reducción de ayudas a las plantas térmicas que emitan más de 550 gramos de CO2/kWh. En este contexto de flexibilidad, han sorprendido las declaraciones de la nueva ministra para la Transición ecológica, Teresa Ribera, anunciando el fin del carbón para 2025 como fecha orientativa y «no cerrada», así como la reducción progresiva de su peso específico en el mix energético español. Un anuncio que queda supeditado a la negociación de la nueva ley de Cambio Climático y Transición energética.
La ministra ha dicho que el carbón tiene poco futuro, en el mismo sentido que el presidente de Iberdrola. A las térmicas les quedarían entonces siete años de vida, como mucho, cuando los gobiernos europeos más ecologistas no se comprometen a cerrarlas hasta 2030.
De hecho, en las primeras semanas de actuación del nuevo gobierno ya se han observado contradicciones sobre el futuro del carbón entre la ministra de Transición ecológica y la de Industria, Comercio y Turismo. La primera parece más ideológica y la segunda más pragmática.
De ahí la necesidad y la urgencia de un pacto de Estado por la energía, que debería combatir el efecto invernadero, pero a la vez garantizar un periodo transitorio suficiente de suministro de carbón nacional a las centrales térmicas, con el fin de asegurar la diversidad del mix energético, la seguridad del suministro y un precio asequible de la electricidad para industria y consumidores.
La transición pues a una economía baja en carbono no solo es posible, sino deseable. Pero debe hacerse manera ordenada y compatible con la viabilidad de la industria y el empleo en CCAA como Asturias.