La agenda política de este país la está marcando un comisario jubilado con las grabaciones de conversaciones privadas que almacenó durante más de veinte años y que ahora utiliza como chantaje. Esto es así de claro y así de grave. Para salir de la cárcel, este policía mafioso y corrupto, acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, está dispuesto a dinamitar el Estado, lanzando cargas de profundidad contra el Rey emérito, la Audiencia Nacional o el Gobierno. Su objetivo es amedrentar a los jueces y fiscales que pueden decidir sobre su situación procesal. En España solo se habla de cuál será el siguiente destinatario de las bombas fétidas de Villarejo. Los que hoy jalean que haya abrasado a la ministra Dolores Delgado, mañana se pueden arrepentir si el afectado es uno de los suyos. Aunque de momento solo dispara contra los socialistas. Pero si grave es que el país esté en vilo a la espera de descubrir nuevos capítulos de su interminable fonoteca del terror, más aún lo es saber cómo este tipo pudo actuar sin freno ni control ninguno desde el centro mismo del Estado e incluso ser condecorado por gobiernos del PSOE y el PP. Mientras se hacía rico con sus extorsiones y «trabajos especiales» se le consideraba un funcionario ejemplar. En una fecha tan reciente como el 2015, durante el mandato en Interior de Fernández Díaz, la cúpula policial dio carpetazo a un demoledor informe de asuntos internos sobre sus actividades presuntamente delictivas. Pero por muy nauseabunda que sea su forma de actuar, las grabaciones ponen de manifiesto las estrechas, inquietantes y obscenas relaciones de las cloacas del Estado con algunos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. También con los periodistas que ahora vehiculan su basura.