Que Egipto es el país en el que más se acosa y agrede sexualmente a las mujeres es un hecho incontestable. En una encuesta llevada a cabo por la Fundación Thomas Reuters en 2017, El Cairo ocupa el primer lugar entre las denominadas megaciudades del mundo por peligrosidad contra la mujer, seguida muy de cerca por Kinsasha, Karachi y Nueva Delhi. Esta encuesta valora cuatro parámetros: la violencia sexual, las prácticas culturales, el acceso a la sanidad y las oportunidades laborales. En otra encuesta llevada a cabo por las Naciones Unidas en 2013 se destacó que el 99% de las egipcias habían sufrido algún tipo de agresión sexual. En esta urbe de más de 16 millones de habitantes da igual que las mujeres vayan cubiertas de arriba abajo con la impenetrable aballa o con la cárcel andante del niqab, siempre hay un tipo de manos largas que las pellizcará en el culo o se arrimará a ella para frotarse, eso si tiene suerte porque, lo más probable es que sea agredida sexualmente y nadie la ayudará. Y todo ello sin contar además con la práctica casi general de la ablación genital o los matrimonios forzados y los de menores.
La actriz Amal Fathy cometió el terrible error de denunciar en mayo en Facebook la agresión que había sufrido en un banco y a los dos días fue arrestada junto a su marido y su hijo de dos años. Acabamos de saber que ha sido condenada a dos años de prisión y a una multa de 430 dólares por estar en posesión de material «indecente» y por difundir informaciones falsas con la intención de perjudicar al Estado egipcio. No puede sorprender que ninguna mujer se atreva a denunciar y que las agresiones continúen ante la impunidad de la que gozan los varones. Las egipcias no pueden combatir solas. Necesitan que la comunidad internacional presione al Gobierno de Al Sisi, y yo empiezo aquí.