En Alemania han retrasado hasta 2050 el proceso de descarbonización, pero en España el Gobierno quiere cerrar las minas el 31 de diciembre. Eso sí, mientras la ministra para la Transición energética criminaliza el carbón a tres turnos, no ha tenido ocasión de poner sobre la mesa sus propuestas para el desarrollo alternativo de las Cuencas. Parece que lo urgente es clausurar los pozos, luego ya veremos.
En este país se puso en marcha hace tiempo una campaña contra el carbón diseñada por uno de los lobbys más poderosos (y peligrosos) de este país, el oligopolio eléctrico. Estos hombres de negro han acumulado tanto poder y dinero que actúan como si fueran intocables. Basta ver cómo el precio de luz y del gas sube sin parar mientras el Gobierno es incapaz de adoptar ni una sola medida para poner orden y proteger a la ciudadanía. No es un tema menor porque en España hay 19 millones de personas que sufren pobreza energética. Son los daños colaterales de un negocio redondo: la factura de la luz subió casi un 86% en los últimos 15 años.
Algunos se apuntan ahora al discurso de las energías renovables desde la más absoluta hipocresía. No lo hacen para apostar por la energía eólica o la fotovoltaica sino para utilizarlas como coartadas y colarnos por la puerta de atrás otra ración de centrales nucleares. Ya saben ustedes, estas centrales no emiten CO2, aunque tienen un pequeño inconveniente: generan residuos radiactivos para los que no se ha encontrado hasta la fecha solución alguna. Por no hablar del enorme peligro que representan. Basta ver lo que ocurrió en Fukushima para recordar que incluso el país con la tecnología nuclear más avanzada del mundo se expone a auténticas catástrofes cuyas terribles consecuencias pagarán durante décadas varias generaciones.
Hablando de tecnología, no conviene olvidar que España tiene un parque nuclear obsoleto, pero eso no impide presiones inconfesables para prorrogar su funcionamiento. Para conseguir que semejante irresponsabilidad tenga éxito no hay nada más efectivo que el discurso del miedo, así que la patronal advierte del peligro de caos eléctrico y apagones si se cierran estas centrales, por no hablar de la escalada de precios (más aún) que supondría. De lo que no suele hablar tanto es de los riesgos de usar instalaciones viejas, un tema tabú gracias a su generosa chequera.
También resulta más cómodo para el oligopolio eléctrico criminalizar de todos los males a la industria minera que hablar de otro de sus negocios redondos: la gallina de los huevos de oro de los ríos españoles. En España hay más de 20.000 MW hidráulicos, la inmensa mayoría en manos privadas. Según los datos de 2010 (es muy difícil encontrar datos sobre este chollo de las eléctricas) las compañías pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno mientras, de media, en los últimos años han conseguido alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema.
Resulta difícil de comprender cómo puede ser que presas construidas durante la dictadura, o incluso en tiempos de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo, nunca mejor dicho. Estamos ante un auténtico expolio a las arcas públicas
¿Y por qué continúan en manos privadas cuando se podría gestionar de forma pública y revertir los beneficios para financiar las políticas públicas que tanto necesita este país? En los últimos años, el Estado únicamente ha cerrado la reversión de una central en toda España. Se trata de la planta de Pueyo de Jaca, en el Pirineo, donde la Confederación Hidrográfica genera electricidad con un coste inferior a un céntimo por kilovatio.
La lucha contra el cambio climático y la transición hacia un modelo energético más sostenible son objetivos que compartimos. El problema está en cómo conseguirlo o, mejor dicho, cómo algunos sectores del IBEX35 utilizan el carbón como el chivo expiatorio para blindar otros negocios inconfesables.
Aníbal Vázquez Fernández es Alcalde de Mieres