La polvareda levantada por el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi y la venta de armas a la satrapía saudí ha venido a refrescarnos dos lecciones bien sabidas. Primero, las armas se fabrican para matar. Su destino, en consecuencia, choca frontalmente con el más básico y fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida desde que la persona nace. Y segundo, los derechos humanos -todos, los treinta que recoge la declaración universal- se han reconvertido en simple mercancía: un objeto de compraventa. Como en aquella película, Una proposición indecente, donde la esposa virtuosa, encarnada por Demi Moore, vendía su honestidad y una noche de sexo por un millón de dólares.
Los derechos humanos cotizan a la baja en el mercado de armas. El descenso se explica por la existencia de una demanda oligopolística, entre la que descuella Arabia Saudí -su gasto militar superó los 60.000 millones de euros en el 2017-, y una oferta dispersa que compite ferozmente por un trozo del pastel. El resultado de esa distorsión -del poder de mercado saudí, que diría un economista- lo expresó magníficamente el alcalde de Cádiz: «Si no hacemos nosotros los barcos, los harán otros». Pero, ¿a cuánto asciende la cotización actual de los derechos humanos? Intentemos una aproximación. El Gobierno de Pedro Sánchez, recién estrenado, situó su precio por encima de los 9,2 millones de euros. Renunciaba a ese ingreso y cancelaba la venta de 400 misiles porque las vidas de los yemeníes que iban a segar esas bombas valían más. ¿Cuánto más? No se sabe exactamente, pero menos de 1.800 millones de euros, importe de las cinco corbetas que Navantia fabricará para Arabia Saudí. Los derechos humanos son muy importantes para todos, pero mucho menos que 6.000 puestos de trabajo en la bahía de Cádiz.
Fue entonces cuando el alcalde gaditano, Kichi, se enfrentó a su «dilema imposible»: o fabricar armas, o comer. La colisión entre el derecho a la vida (de los yemeníes) y el derecho al pan (de los obreros de Navantia). Disyuntiva dramática, pero falsa, ya que los dos términos del binomio no son homogéneos. El derecho al pan es solo una metáfora del derecho al empleo. Y las vidas anónimas en juego tienen escaso o nulo valor de mercado. Para muestra, la Alemania de Merkel: no se planteó ningún problema ético mientras sus bombas reventaban cráneos civiles en Yemen, pero suspende la venta de armas a los saudíes por el atroz asesinato de Khashoggi. La vida del yemení anónimo importaba un bledo, la del columnista de The Washington Post importa 400 millones de euros. Tampoco un céntimo más, como muy bien saben en París, Londres o Madrid. Adviértase que si todas las vidas humanas tuviesen idéntico precio, el dilema de Kichi no sería imposible, porque todos sabríamos responder a la cuestión: ¿qué prefiere, perder la vida o perder el empleo? Como no es así, manda el mercado. Y este dictamina que una vida en el desierto arábigo tiene un valor inferior al de un empleo en la Europa de los derechos humanos.