El cuento de la Fiscalía y la Abogacía


Varios medios informativos y los partidos Popular y Ciudadanos se hartaron de decirlo: el Gobierno iba a utilizar la Abogacía del Estado para satisfacer a independentistas, ya que no era estético presionar a la Fiscalía. Rebajar la rebelión a sedición era el gesto que Pedro Sánchez iba a tener para que los secesionistas le permitieran estar más tiempo en La Moncloa.

Llegó el escrito de conclusiones de la Abogacía y vieron confirmados sus temores: calificaba los delitos como sedición y pedía la mitad de años de cárcel que la Fiscalía. Había funcionado el pacto vergonzante. Pablo Casado no tuvo reparos en proclamar urbi et orbe que «es indecente que la Abogacía del Estado rechace la rebelión».

Que Dios les conserve la vista. Lo que pedían y siguen pidiendo los independentistas no es rebaja de penas. Lo que reclaman un día sí y otro también es la absolución de los procesados. «No han cometido ningún delito», sentenciaba ayer el presidente del Parlamento catalán, convertido en juez sentenciador. Y Torra se apresuró a denunciar que Sánchez no había hecho nada, lo cual le convierte por la ley de la gravedad en «cómplice de la represión». Y en justo castigo, Esquerra y el PDECat niegan su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Ese ha sido el brillante resultado del «gesto» de Sánchez. Acabamos de vivir otro episodio de política-ficción. Uno más.

¿Cuál es la verdad de esta historia? Que las discrepancias jurídicas sobre la rebelión han llegado a las alturas. La Fiscalía cree y razona que hay rebelión cuando alguien se alza «violenta y públicamente», buscando entre otros objetivos «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». La Abogacía entiende que solo hay sedición porque los códigos califican así el hecho de alzarse «pública y tumultuariamente». La Fiscalía, como el juez Llarena, ha visto hechos violentos y declaración de independencia. La Abogacía solo ha visto tumulto, «incidentes de orden público», pero supongo que entiende que la independencia duró un minuto y sus propios autores renunciaron a ella.

Celebro que los hechos desmientan que haya habido un pacto que no se podía ni confesar. Celebro también que, si hubo presiones sobre la Fiscalía, la Fiscalía no las atendió. Y celebro todavía más la lección de realismo que se ha dado: a quienes imaginan acuerdos inconfesables porque hasta ahora no se pudieron demostrar; al Gobierno, para que vea lo difícil que es desinflamar; a los partidos lenguaraces, porque se darán cuenta de que echan demasiado «la lengua a pacer»; y a los independentistas para que sepan que, cuando el Estado se pone a funcionar, funciona. Y me da igual que unos pidan muchos años de cárcel u otros pidan la mitad.

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