Los españoles debemos prepararnos para lo que se nos viene encima: el más importante proceso penal que tendrá lugar en nuestro país desde el que juzgó a los implicados en el golpe de Estado militar de Tejero y compañía. Tan trascendental como aquel, pero muchísimo más grave.
Sí, muchísimo más grave por una circunstancia que sería una irresponsabilidad desconocer: porque, a diferencia de lo que aconteció hace ahora tres décadas y media en el Juicio de Campamento, en esta ocasión una parte importante de las fuerzas políticas (las nacionalistas, por un lado, y Podemos y sus confluencias, por el otro) niegan rotundamente la legitimidad del poder judicial para juzgar a los procesados. Lo que, inevitablemente, está teniendo una notable y muy perversa influencia sobre la población a la que tales fuerzas representan.
Y no se trata -entiéndaseme bien- de que ERC, el PDCat, Podemos, el PNV, Compromís, el BNG o En Marea discrepen de la calificación de rebelión llevada a cabo por la fiscalía, o de la de sedición establecida por la Abogacía del Estado. Ni siquiera se trata de que todos esos partidos consideren que, en realidad, los procesados no han cometido delito alguno y que por tanto el tribunal que los juzga debiera dictar un veredicto de inocencia. Aunque tal consideración exige un grado absoluto de ceguera, una contumaz negativa a ver la realidad, no seré yo quien discuta el derecho que tienen esas fuerzas a defender la delirante teoría de que organizar una insurrección no debe ser considerado delito si sus autores son los dirigentes de las instituciones autonómicas en lugar de un grupo de guardias civiles y altos mandos militares.
No, lo terrible no es eso -o, en cualquier caso, no es eso, principalmente- sino un hecho que resultaría insólito e increíble en todos los países democráticos: que las fuerzas políticas aludidas renieguen, como si ello fuera algo natural, de las reglas de juego sobre las que reposa el funcionamiento del Estado de derecho. Es decir, que renieguen, entre otras, de la obligación del Estado de juzgar a los que han podido cometer acciones tipificadas como delito en el Código Penal a juicio de quienes en estos momentos están legitimados constitucional y legalmente para tomar las oportunas decisiones: la fiscalía, el juez instructor y el tribunal sentenciador.
Los partidos y los ciudadanos tienen derecho a opinar lo que estimen oportuno sobre las decisiones de los órganos del poder judicial, pero ni unos ni otros pueden poner en duda su legitimidad para hacer aquello que constituye una inexcusable obligación. Y esa y no otra es desde hace meses la inaudita posición de Podemos, sus confluencias y los nacionalistas: negar la legitimidad del Estado democrático para exigir las responsabilidades que se derivan de la presunta violación de las leyes. Una forma como otras de defender la barbarie frente a la civilización.