El auge del discurso contrario a los Derechos Humanos

OPINIÓN

06 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Durante décadas, uno de los principales problemas que enfrentar en la defensa de los Derechos Humanos era la distancia sideral entre la retórica pública de los dirigentes mundiales (y de algunos líderes religiosos, sociales o empresariales) sobre los principios que decían defender, alineados con los valores enunciados en declaraciones y tratados internacionales, y una práctica no precisamente coherente con ese objetivo, y, en no pocas ocasiones, totalmente divergente de dicha meta. El dilema de fondo residía en cómo situar, de forma prioritaria, en la agenda de gobiernos y otros actores, el respeto y apoyo a los Derechos Humanos, sorteando la indiferencia, la hipocresía o el cinismo, combatiendo las visiones interesadas, sostenidas en las pretendidas singularidades ideológicas (cuando el telón de acero todavía mandaba) o culturales, o atrincheradas en la negación de la interdependencia de los derechos (por ejemplo, justificando cierto sacrificio de los derechos civiles y políticos en aras del desarrollo económico, o santificando la pobreza como resultado inevitable de la libertad humana). En ese escenario, no obstante, el avance paulatino hacia una comprensión global de la universalidad de los Derechos Humanos, combinado con las conquistas en países de muy distintas características y con el desarrollo de estructuras y sistemas regionales de defensa de tales Derechos, era prometedor.

En el debate político y su trasunto ideológico o filosófico, las cosas cambiaron, sin embargo, cuando la irrupción del terrorismo global y las respuestas dadas a éste, pusieron encima de la mesa una disyuntiva, planteada en términos falsos y envenenados. Primero, invitando a la ciudadanía a la renuncia a ciertos espacios de libertad a cambio de una prometida seguridad, dejación que no ha venido acompañada precisamente de la sensación de tranquilidad augurada. Después, relativizando el valor de la paz y de la resolución no violenta de controversias, incluyendo la acción armada entre el catálogo de actuaciones disponibles a primera mano, incluso a despecho de la legalidad internacional, llenándola de calificativos como poco cuestionables («guerra inteligente», «intervención quirúrgica», incluso «injerencia humanitaria») o acompañándola de complementos referidos a un enemigo cada vez más amplio y espectral: desde la guerra contra el terror a la guerra contra el narcotráfico o la delincuencia, como si en esta clase de situaciones las tácticas y soluciones tuviesen que ser, en esencia, las mismas (el uso letal de la fuerza) y, el objetivo, similar (una supuesta victoria, inalcanzable contra un antagonista difuso que ni tiene un alto mando ni capitula), como si nos encontrásemos en la batalla de Verdún o en la ofensiva del Tet.

El paso siguiente ha sido dejar a colectivos, cada vez más amplios, fuera de la protección material de los Derechos Humanos, como si estos sólo se predicasen de quienes, según el criterio voluble que toque en cada momento, los mereciesen, y no de todas las personas (los buenos, los malos y los regulares) por su mera condición humana. El ejemplo paradigmático es el tratamiento de los presos de Guantánamo (aún quedaban 41 al inicio de este año) confinados en un limbo ajeno a garantías procesales básicas, pero a los que se les niegan las garantías del Derecho Internacional Humanitario, que es el aplicable a los prisioneros de guerra, aunque paradójicamente hayan sido capturados en el marco de la «guerra contra el terror».