Reclamaciones al maestro armero


El Tribunal Supremo -él solito, en ejercicio de su supuesta independencia- creó un problema irresoluble. Y por eso, porque no tiene solución, me permito escribir antes de conocer la decisión de los magistrados que componen la Sala Tercera, que deben responder a tres preguntas encadenadas: ¿Quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas, el banco o el cliente? Si le corresponde al banco, como establece la sentencia del pasado 18 de octubre, ¿tiene el cliente derecho a recuperar el importe del impuesto abonado en su día? Y si tiene derecho, ¿a quién debe reclamar, al banco que formalizó la hipoteca o a la comunidad autónoma que ingresó el impuesto sobre actos jurídicos documentados?

Cualquier decisión que adopten los 28 togados presentes perjudicará gravemente a alguno de los tres agentes involucrados en el asunto: el banco, el cliente o el contribuyente. Será, cualquiera que sea, una decisión ajustada a Derecho por definición -todo lo que toca el Supremo siempre se ajusta a Derecho-, pero será una decisión arbitraria e injusta, porque alguien pagará, sin comerlo ni beberlo, los platos que rompió el alto tribunal.

En este contencioso todas las partes, excepto el tribunal que generó el caos y la inseguridad jurídica, tienen razón. Tienen razón los bancos: no pueden ser penalizados por cumplir escrupulosamente la ley que, según la antigua interpretación del Supremo, atribuía al cliente el pago del impuesto. A estos efectos no sirve el precedente de las cláusulas-suelo: entonces los bancos eran culpables por cobrar intereses abusivos, ahora son inocentes porque se atuvieron a lo que señalaba la vieja doctrina del Supremo. Tienen razón los clientes: la sentencia del 18 de octubre -firme y no susceptible de revisión- les otorga el derecho a que se les restituya el impuesto que no deberían haber pagado. A estos efectos sí vale el precedente de las cláusulas-suelo: la retroactividad fue certificada por el Tribunal de Justicia de la UE. Y tiene razón el Estado o las comunidades autónomas -los contribuyentes- al oponerse a devolver un ingreso público realizado con todas las de la ley (vieja). En consecuencia, al Tribunal Supremo, el causante del lío, solo le resta decidir a qué inocente condena. A quién carga el muerto y dónde mete la mano: en la caja fuerte del banco, en el bolsillo de las familias que se hipotecaron en los últimos años o en el erario público que siempre acaba por pagar todos los desaguisados.

El Supremo se ha cubierto de fango, sobre todo después del «giro radical» en la jurisprudencia sobre las hipotecas. Ahora sabemos que independe del Gobierno de turno pero no del telefonazo del banquero, que las sentencias «no susceptibles de revisión» son revisables en función de «su enorme repercusión económica y social», y que los argumentos «estrictamente jurídicos» son modulados en función de las sacrosantas finanzas.

Y así es. Varios miles de millones de euros están en juego en el día de hoy. A quien el Supremo se los dé, que San Pedro se los bendiga. Y los demás, que reclamen al maestro armero.

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