Reclamaciones al maestro armero

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

Rodrigo Jimenez | EFE

06 nov 2018 . Actualizado a las 07:53 h.

El Tribunal Supremo -él solito, en ejercicio de su supuesta independencia- creó un problema irresoluble. Y por eso, porque no tiene solución, me permito escribir antes de conocer la decisión de los magistrados que componen la Sala Tercera, que deben responder a tres preguntas encadenadas: ¿Quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas, el banco o el cliente? Si le corresponde al banco, como establece la sentencia del pasado 18 de octubre, ¿tiene el cliente derecho a recuperar el importe del impuesto abonado en su día? Y si tiene derecho, ¿a quién debe reclamar, al banco que formalizó la hipoteca o a la comunidad autónoma que ingresó el impuesto sobre actos jurídicos documentados?

Cualquier decisión que adopten los 28 togados presentes perjudicará gravemente a alguno de los tres agentes involucrados en el asunto: el banco, el cliente o el contribuyente. Será, cualquiera que sea, una decisión ajustada a Derecho por definición -todo lo que toca el Supremo siempre se ajusta a Derecho-, pero será una decisión arbitraria e injusta, porque alguien pagará, sin comerlo ni beberlo, los platos que rompió el alto tribunal.

En este contencioso todas las partes, excepto el tribunal que generó el caos y la inseguridad jurídica, tienen razón. Tienen razón los bancos: no pueden ser penalizados por cumplir escrupulosamente la ley que, según la antigua interpretación del Supremo, atribuía al cliente el pago del impuesto. A estos efectos no sirve el precedente de las cláusulas-suelo: entonces los bancos eran culpables por cobrar intereses abusivos, ahora son inocentes porque se atuvieron a lo que señalaba la vieja doctrina del Supremo. Tienen razón los clientes: la sentencia del 18 de octubre -firme y no susceptible de revisión- les otorga el derecho a que se les restituya el impuesto que no deberían haber pagado. A estos efectos sí vale el precedente de las cláusulas-suelo: la retroactividad fue certificada por el Tribunal de Justicia de la UE. Y tiene razón el Estado o las comunidades autónomas -los contribuyentes- al oponerse a devolver un ingreso público realizado con todas las de la ley (vieja). En consecuencia, al Tribunal Supremo, el causante del lío, solo le resta decidir a qué inocente condena. A quién carga el muerto y dónde mete la mano: en la caja fuerte del banco, en el bolsillo de las familias que se hipotecaron en los últimos años o en el erario público que siempre acaba por pagar todos los desaguisados.