La banca siempre gana. El cliente del banco y el contribuyente siempre pierden. Esa impresión tan extendida entre la ciudadanía acaba de ser confirmada por el Tribunal Supremo. La metáfora está sobada de tan manoseada: la banca conforma el sistema circulatorio de la economía y no se puede permitir que algún trombo obture las arterias. Si el sistema colapsa, por ejemplo por las prácticas perniciosas de los banqueros, siempre acudirá raudo el 021 del Estado -es decir, todos nosostros-, para reactivarlo con miles de millones del sufrido contribuyente. Pero siempre la metáfora queda coja: todo quisque se olvida de los leucocitos, esos glóbulos blancos que circulan por esas espléndidas y protegidas cañerías. Esos sufridos clientes no importan. Ni siquiera al Supremo.

El alto tribunal, lo escribí ayer, creó durante los últimos 23 años un problema irresoluble. Y lo zanjó de la peor manera posible: a conveniencia de los bancos. Como el problema no tenía solución óptima, pudo haber optado por una chapuza salomónica: al banco le corresponde pagar el impuesto de hipotecas, pero solo a partir de ahora -he ahí la chapuza jurídica-, sin efectos retroactivos. Pero no: de perdidos, al río. Los togados, por 15 votos a 13, decidieron pasarse con armas y bagajes al lado de los banqueros. Y yo estoy deseando conocer las filigranas argumentativas para cargarse una sentencia -la del pasado 18 de octubre- «firme y no revisable». O las sinrazones jurídicas para resucitar el artículo 68 del reglamento del impuesto, que fue anulado, sin posibilidad de apelación, por dicha sentencia.

La banca siempre gana, pero esta vez lo hace sobre los escombros del prestigio de la máxima autoridad judicial. El Supremo hizo el supremo ridículo. En una decisión insólita, convocó un pleno de la Sala Tercera para revisar lo inrevisable. Con un argumento que sienta una nueva doctrina: la «enorme repercusión social y económica» de la sentencia del 18 de octubre. «Dios mío, ¡qué hemos hecho!», debieron alarmarse Díez-Picazo y otros magistrados cuando vieron, alarmados, cómo se desplomaban las cotizaciones bursátiles de los bancos. «Hay que arreglarlo como sea. ¿Acaso no somos nosotros los principales intérpretes de la ley? ¿Quién nos impide decir digo donde dije Diego y volver a decir Diego donde digo dije?». Nadie, por supuesto. Por eso, olvídese el lector, en esta parcela, tan presuntamente independiente del poder Ejecutivo y tan sumisa a los poderes fácticos, no habrá dimisiones. Ni siquiera la de Díez-Picazo, uno de los más destacados artífices del embrollo y miembro, según los mentideros de la Corte, del GAL: Grupo de Amigos de Lesmes.

La credibilidad de la justicia española -con minúsculas- ha quedado por el suelo. El mismo día en que el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo condena a España por no darle a Otegi un juicio justo. Y en los prolegómenos del juicio por el procés catalán. Por cierto, ¿será revisable esa sentencia, cualquiera que sea, si no le gusta... a los banqueros? Porque el precedente está servido.

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Supremo ridículo