Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, ha puesto a funcionar el ventilador exculpatorio. A propósito de la infame decisión sobre el impuesto de las hipotecas, ha soltado dos falacias como la copa de un pino. La primera: el despropósito consumado es consecuencia de la «falta de claridad de la ley».
Niego la mayor. El artículo 29 de la ley del impuesto está claro como el agua para cualquier alumno de Derecho: «Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expenden». El adquirente del derecho a desahuciarte si no pagas tus cuotas: el banco. No el adquirente del inmueble, que ya paga religiosamente el impuesto de transmisiones patrimoniales.
El que oscureció ese precepto fue el Gobierno en 1995. Lo hizo por decreto, tal vez aplicando la filosofía del conde de Romanones: «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento». Y así fue. El artículo 68 del reglamento del impuesto no solo reprodujo aquel precepto de ley, sino que lo modificó con esta apostilla: «Cuando se trate de escrituras de constitución del préstamo con garantía se considerará adquirente el prestatario». La ley estaba clara: debían pagar los bancos. Y el decreto -de rango inferior-, también: debía pagar el prestatario. Lo que hizo la sentencia del pasado 16 de octubre fue, simplemente, anular el apéndice reglamentario que contravenía la ley.
Segunda falacia de Lesmes: «Estas son las reglas de juego de nuestro Estado de derecho». Falso. Las reglas se respetaron únicamente hasta la sentencia «firme y no revisable» del 16 de octubre. El árbitro se limitó a introducir el VAR y, después de revisar la jugada en el monitor, concluyó que había penalti a favor de los hipotecados. Los banqueros pusieron el grito en el cielo, zarandearon al Supremo y lograron que este cambiase las reglas de juego en pleno partido: la zancadilla alevosa en el área ya no se castiga con la pena máxima. Estas no son las reglas del Estado de derecho, son las reglas de Lesmes y Díez-Picazo en connivencia con la banca.
A la justicia, y más a su órgano supremo, corresponde interpretar la ley y sentar doctrina. Ahora resulta que no puede ejercer esa función porque las leyes son poco claras: una manera de endosarle a los otros dos poderes -legislativo y ejecutivo- la responsabilidad de sus dislates. Que no les gusta la sentencia que condenó a La Manada: modifiquen el Código Penal y aclaren la frontera entre abuso sexual y violación. Que no sabemos si hubo o no rebelión en el procés catalán: tipifiquen de nuevo el delito. Que les parece excesivo condenar a tres años y medio de cárcel a un indigente que robó un bocadillo en una cafetería: cambien la ley o preparen el indulto. Que no era eso lo que querían decir con su ley: pues escriban mejor. Cada dos por tres, la justicia de este país nos ofrece, en palabras de Lesmes, «una magnífica ocasión para clarificar el asunto». Al tiempo que le asigna a las Cortes y al Gobierno un imponderable papel de coche-escoba.