Hasta ahora, la Justicia española solo merecía un reproche colectivo: su lentitud. Había y hay jueces y sentencias discutibles, incluso reprobables, pero son noticia justamente porque son excepcionales. Esta ha sido la semana del cambio de signo por los errores de los magistrados de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La sentencia primera y la anulación posterior han provocado la mayor crisis institucional de la Justicia que se recuerda. Y quizá no hizo más que empezar: ayer hubo caceroladas ante varios Tribunales Superiores. Para hoy ha convocado Podemos otra gran concentración ante el propio Supremo. Y asistimos a acontecimientos insólitos como el anuncio de una querella del gobierno catalán contra el presidente del Alto Tribunal con esta frívola literatura de la portavoz Artadi: «La injusticia española es una amenaza contra la democracia y el Estado de Derecho». Toda censura a la Sala de lo Contencioso está justificada.
Pero me parece preciso llamar la atención a la clase política y a los grandes líderes de opinión sobre lo que están poniendo en juego: nada menos que la credibilidad del Estado de Derecho que cínicamente invocan quienes quieren romper su unidad. Empiezo por el gobierno de la Nación: una cosa es utilizar su iniciativa política para anular una sentencia por decreto, y otra asistir complacido, y vayan ustedes a saber si fomentar una crisis que, dados los efectos populares del impuesto, desgasta a una institución y favorece al Ejecutivo. Escuchar cómo el presidente del gobierno siembra dudas sobre la credibilidad del Supremo sin ningún matiz es algo inquietante.
Sigo por los dirigentes de Unidos Podemos, que donde ven un conflicto allí están, a veces como instigadores y a veces como aprovechados de la tensión. La extensión de sus críticas a toda la Justicia debería hacerles reflexionar sobre su responsabilidad. Pienso, y creo que honradamente, que no se pueden lanzar sospechas sobre un colectivo de más de cinco mil profesionales que resuelven cada año más de seis millones de casos.
Entre ellos están todos los del Tribunal Supremo. Y todos juntos constituyen la base del Estado de Derecho. Y termino por los creadores de opinión. Cuidado, que cuando se desprestigia el estamento judicial, no todo es limpio. Ahí está el independentismo, cuya estrategia se basa en demostrar que la Justicia española obedece a intereses espurios y es autoritaria y vengativa. Por eso Torra se querella contra Lesmes. No aspira a ganar. Aspira a destruir una pieza fundamental del Estado. Y ahora, además, toca renovar el Consejo del Poder Judicial. No sea que esta crisis sea aprovechada para hacer de ese órgano un instrumento más de conquista del poder. De todo el poder.