El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, reflexiona sobre el papel de las multinacionales y el margen de actuación que le queda a los Gobiernos
16 nov 2018 . Actualizado a las 11:06 h.«¿Cómo intervención? No estamos en un régimen comunista», respondió la ministra de Trabajo a la idea del presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, que pidió intervenirla como respuesta al ERE presentado por la compañía.
No se acuerda Magdalena Valerio de otras intervenciones públicas en la industria, como fue la gigantesca reconversión iniciada por el gobierno de Felipe González en los años 80, el cierre masivo de la industria minera promovida por la Comunidad Europea en los años 70 o en sentido contrario la planificación industrial que ha sido una constante, entre otros países en la Francia de posguerra.
Tampoco, al parecer, la señora ministra ha leído o no se acuerda del artículo 128.2 que reza textualmente:
«Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público sectores esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
Que no somos un régimen comunista es evidente, pero que en nuestra constitución hay huellas de un consenso, entre otros de los comunistas, también. Lo que llama la atención es que estos prejuicios vengan de una ministra que se dice socialista.
El cierre de dos plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, junto al de la planta de aerogeneradores de la multinacional danesa Vestas en Villadangos del Páramo (León), y el cierre anunciado de la multinacional mexicana Cemex en Gádor (Almería) no son más que la punta del iceberg de la deslocalización de compañías multinacionales más reciente que tiene en vilo a la ciudadanía de nuestras Comunidades y en los territorios directamente afectados.
A escala europea se han dado también cierres significativos, con grandes movilizaciones sindicales y ciudadanas como respuesta, como fueron Renault-Vilvorde, Caterpillar, Arcelor-Mittal en Bélgica; Alstom, Goodyear o Arcelor-Mittal en Francia.
En general, todos los gobiernos se alegran de la llegada de una multinacional y lloran cuando se va. Pasan del milagro a la catástrofe.
Con objeto de atraerlas, los gobiernos les ofrecen un régimen fiscal y arancelario preferente, les proporcionan ayudas económicas y un entorno urbanístico y de infraestructuras de transportes, entre otros anzuelos.
También para enraizarlas en el territorio, los gobiernos regionales procuran facilitar su inserción en la economía local, con la formación de mano de obra especializada, o intentan insertarlas en polos de competitividad, parques industriales y «clusters».
Pero ninguna de estas medidas significa garantía de permanencia y cuando se van no devuelven nada de lo recibido.
Además, según la clasificación de países de la OCDE en materia de protección de los trabajadores frente a los despidos colectivos, España se sitúa por debajo de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Chequia, Eslovenia o Polonia.
Baste recordar que, según fuentes próximas al Ministerio para la Transición Ecológica en los últimos 10 años, Alcoa se ha embolsado alrededor de 1.000 millones de euros para rebajar los coste de la factura de la luz.
En un primer momento, tras el shock del anuncio de cierre, abundan los discursos contundentes. Pero lamentablemente intensidad de las proclamas es inversamente proporcional a los resultados.
El problema de fondo es que los Estados, resignados a la corriente neoliberal y la globalización, se resisten a todo elemento de planificación democrática, abandonándola a manos de las decisiones estratégicas de las propias multinacionales, porque la planificación como la materia no desaparece, sino que se transforma.
Lo cierto es que las grandes empresas transnacionales han ido adquiriendo cada vez más influencia y poder con el avance del capitalismo global durante el último siglo. Hoy, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países, teniendo más capital y potencial estas empresas que la suma del PIB de varios países juntos.
La amenaza de cierre de las plantas de Alcoa en Asturias y en Galicia ha vuelto a poner sobre el tapete la ausencia de una regulación clara de las inversiones industriales internacionales en España.
En el marco imparable, pero regulable, de la globalización, el capital extranjero puede actuar como catalizador de la inclusión de empresas nacionales en redes de producción. Pero no es de recibo que una empresa transnacional reciba millones de euros en subvenciones públicas sin que se le impongan unas obligaciones en materia de permanencia y unas condiciones de negociación con los trabajadores y con los poderes públicos en caso de rescisión, cierre o traslado de la empresa.
De ahí la importancia de someterlas a regulación y Derecho si no se quiere llegar tan lejos. Sin embargo, la realidad parece transcurrir justamente en sentido contrario.
Tal y como se ha comprobado en los últimos acuerdos multilaterales, la tendencia mundial apunta a debilitar el papel de los Estados, el poder negociador de los sindicatos y las competencias de los jueces nacionales en aras de la «seguridad jurídica» de los inversores. En consecuencia, la acción de las empresas multinacionales desborda el marco de los Estados nacionales, que se muestran incapaces de controlar su actividad.
En la Comunidad Europea y en algunos Estados miembros, como Alemania, Francia o Bélgica, donde existe cierto margen de maniobra, se han dado algunas experiencias modestas, pero positivas. Por ejemplo:
Remontándonos en el tiempo, tras la crisis del petróleo en 1973, la CEE decidió el cierre de pozos mineros en Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo, con un gigantesco plan de ayudas, incluido el pago de jubilaciones anticipadas e indemnizaciones.
Entre 2008 y 2009, el Gobierno prestó 6.000 millones de euros a la industria del automóvil (PSA y Renault) a condición de no despedir hasta que acabaran de devolver los préstamos.
En el caso de la naviera Sea France, el gobierno propuso la compra de la empresa por los trabajadores reunidos en cooperativa y creó un Fondo Estratégico de Inversiones públicas en empresas con un proyecto rentable y competitivo.
Como referencia para España, muy recientemente, la Asamblea Nacional francesa aprobó en 2017 una ley emblemática sobre el «deber de vigilancia» de las multinacionales, un primer reconocimiento de la responsabilidad de la sociedad madre en los países donde establecen sus filiales. Estas están obligadas a elaborar un «plan de vigilancia» que garantice el respeto de los derechos de los trabajadores, respondiendo de ello ante la Justicia.
En Alemania existe la figura del experto o consultor que analiza la información facilitada por la compañía a los trabajadores y la del representante sindical ante la empresa en los momentos previos a la reestructuración o al cierre.
También en España tras el cierre de la planta de Sagunto de Thyssenkrupp Galmed, los sindicatos lograron también un plan a dos años para formar a más de 50 personas en Alemania y recolocarlas posteriormente en otras fábricas.
En Asturias, las lecciones de la crisis y alternativas a Teneco están en la mente de todos.
Por eso la demanda interpuestas por el comité de empresa de Alcoa ante la Justicia ordinaria holandesa, así como las iniciativas desplegadas en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo,son de una importancia trascendental de proyectar el debate y las posibles soluciones también a nivel europeo.
Los sindicatos disponen de la Directiva 94/45/CEE, traspuesta al derecho interno español por la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
Los comités de empresa europeos son un paso importante para obtener información sobre el futuro de las multinacionales en España. Antes de la directiva era difícil que proporcionasen datos sobre sus movimientos, los posibles despidos o reestructuraciones.
Actualmente existen en varias decenas de industrias, especialmente en la del automóvil. Alemania (256), Francia (123), Reino Unido (101), Suecia (73), Países Bajos (59) son los Estados con más comités. España ocupa el puesto 13 de Europa, con menos de 20.
Por ultimo, en virtud del artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea, las ayudas públicas a las empresas son en principio incompatibles con el mercado único. Sin embargo, permite una serie de excepciones, entre ellas las ayudas en regiones menos desarrolladas que la media de su país; las ayudas a la I+D+i, a la protección del medio ambiente o las ayudas temporales destinadas a salvar o reestructurar empresas en dificultad, previo aviso a la Comisión.
A escala mundial sólo existe la Declaración mundial sobre la inversión internacional y las empresas multinacionales (OCDE), lo que da muestra de la falta de voluntad política frente a las multinacionales.
Hay mucho que hacer para evitar el cierre, en primer lugar apoyándose en la movilización social y la unidad política e institucional y sin descartar ninguna medida. Lo contrario, mientras Alcoa mantenga el cierre, nos debilita.