Pablo Casado y Albert Rivera andan a la caza de una pieza mayor: hacerle decir al Gobierno si piensa indultar o no a los independentistas que van a ser juzgados. Primero lo preguntó el líder de Ciudadanos y no tuvo éxito: Pedro Sánchez se escurre como puede y no confirma ni niega. Después lo preguntó Pablo Casado, que no va a dejar esa bandera a su principal adversario electoral y tampoco consiguió ni un gesto de compromiso, positivo o negativo. El Gobierno habla del asunto como quien trata un secreto de Estado. Pero los síntomas son los síntomas y el silencio podría interpretarse como una disposición favorable a la medida de gracia. Sería la última acción de Sánchez en su política de desinflamación.
La cuestión es, naturalmente, si la sociedad española lo aceptará, porque será una decisión traumática. Hay que tener mucha capacidad de digestión para pasar de considerar a los procesados como enemigos del Estado y destructores de la unidad nacional a perdonarles en un supremo acto de generosidad. Es muy difícil justificar un indulto después de más de un año de condena por el tribunal popular de la opinión. Y el señor Sánchez tiene que contar con que volverán a caer sobre él todas las acusaciones ya efectuadas: cómplice y rehén de los golpistas, ambicioso que cede para mantenerse en el poder y todas las lindezas imaginables. Los improperios no serán solamente de las fuerzas políticas, sino de muchos medios y líderes de opinión. Y, sin embargo, puede ocurrir. Y no hace falta que los hoy procesados soliciten el indulto, ni es preciso un acto de contrición ni una promesa de no volver a delinquir. La ley prevé que la solicitud la puede presentar cualquier persona, la puede proponer el propio tribunal sentenciador y el propio gobierno puede abrir un expediente de indulto. Eso es lo que dice la ley, que añade: el indulto total se puede conceder «por razones de utilidad pública». ¿Y qué es utilidad pública en el caso de juzgados y quizá condenados por rebelión? Simplemente, argumentar que se indulta para favorecer la paz social, la convivencia o el entendimiento entre los pueblos de España. Así de fácil.
Por lo tanto, este cronista empieza a ver posible la libertad de los Junqueras y asociados. ¿No indultó Felipe González al general Armada a pesar de su participación en el golpe de Estado del 23-F? Ahora bien: Pedro Sánchez y su aparato de información ya pueden preparar a la sociedad española para una decisión así. Si la medida va acompañada, precedida o seguida por una solución constitucional al conflicto catalán, puede ser su decisión de gloria. Si se adopta con carácter gratuito y el conflicto sigue igual o peor, el presidente será el último apestado del país.
Mejor observar la realidad con retranca, puede que nos ayude a minimizar el desconcierto y el bochorno de quienes pagamos con altos intereses los despropósitos