Los desaguisados institucionales que ocurren en este país no son normales. Tienen que tener algo que ver con el infortunio, y otros fenómenos de naturaleza sobrenatural. Por ejemplo, lo que sucede con el Tribunal Supremo. El mismo día que jueces y fiscales hacen huelga para dignificar la Justicia y consolidar una imagen de independencia, esa imagen de independencia recibe un golpe peor que el muy merecido por el impuesto de las hipotecas: al portavoz del PP en el Senado, don Ignacio Cosidó, se le escapó la espectacular revelación de que su partido, con la elección del señor Marchena para la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, tiene controlada la Sala Segunda «por detrás».
Es razonable pensar que Cosidó, político sólido y de notable trayectoria en puestos de alta responsabilidad como la Dirección General de la Policía, no ha querido decir eso. Seguramente intentó serenar los ánimos de los senadores del PP, encendidos porque su partido cedió al PSOE la mayoría del Poder Judicial, y Cosidó no encontró argumento mejor que decir que el PP no perdió en esa negociación, sino que cedió en el número, para ganar en influencia y poderío. Tuvo que ser algo así: un error humano que personalmente tomo como tal. Se vuelve a confirmar que los mejores wasaps, igual que las mejores cartas, son los que no se escriben. Sobre todo, en este ambiente donde todo el mundo anda con la escopeta cargada.
Ahora bien: lo escrito, escrito está y ahí queda para quien lo quiera utilizar, como los independentistas catalanes, para crear ambiente negativo ante el próximo juicio del procès. Torra y compañía necesitan un argumento para demostrar que el Supremo está manejado por el Gobierno o por el PP. La Sala Segunda es la sala que juzgará a los independentistas procesados, y ahí tienen un texto que utilizarán como nueva forma de represión y como arma mortífera contra el Estado español de Derecho. Si hubiera algún riesgo de que la Sala fuese controlada por un partido del signo que sea, o hubiese algún riesgo de que se controle en el futuro, le pediría al señor Marchena que devuelva su cargo a los dos partidos que consensuaron su nombre. Un juez de tanto prestigio no puede quedar ante la historia judicial como el magistrado que prestó su nombre para el control subrepticio de una sala, aunque sea mentira. Es más: debería renunciar a tanto honor una vez que la equivocación de un senador -insisto, quizá bienintencionado- va a ser utilizada como demostración de que en España no hay división de poderes ni independencia judicial.