El destrozo de las instituciones


Si ayer planteaba aquí la necesaria renuncia del magistrado Marchena a la presidencia del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y el señor Marchena renunció, se comprenderá que no puedo hacer otra cosa que aplaudir. No soy ningún adivino, sino que procuro aplicar la lógica: un hombre de su prestigio no podía pasar a la historia como el instrumento de un partido político para controlar la Justicia. Y está claro que el wasap de Ignacio Cosidó y los apaños previos para designarlo antes de que lo votaran los vocales del CGPJ le abocaban a ese destino, al menos en la imagen social. Su renuncia, además de un acto de dignidad e independencia, es un corte de mangas a unos políticos inexpertos que, por tener el poder administrativo o parlamentario, se creen con derecho a intervenir y controlar las instituciones.

Lo malo es que el espectáculo de esos políticos continúa. Pertenece al género cómico ver cómo ahora el Partido Popular y el Gobierno se culpan mutuamente de lo ocurrido. Es pintoresco el espectáculo del Partido Popular reclamando que se cambie el sistema de elección del Consejo a los pocos días de sellar su acuerdo de ocupación con el Partido Socialista. Es hilarante escuchar los elogios del presidente del Gobierno al señor Marchena como si hubiera sido él quien lo propuso para dirigir el Consejo y el Supremo, cuando es sabido que lo utilizó como mercancía para que el PP le cediera un puesto de vocal más.

Esta gente no reconoce lo que pactó ni lo que mercadeó hace cuatro días. Merecen público repudio por el daño que están causando al Estado de Derecho. La actual generación de políticos es, sin duda, la que más contribuyó al deterioro de las instituciones, alguna tan sagrada como la Justicia. Son capaces de destrozar en unas horas lo construido en 40 años de democracia. Entre el interés de unos por conseguir una imagen de valedores de los pobres -caso del impuesto de las hipotecas- y el interés de otros por alcanzar rápidamente cotas de poder, pierden el sentido del Estado y dejan al país a disposición de los demagogos. Se libra de esta acusación el señor Albert Rivera, que se negó a participar en la ceremonia de asalto al Poder Judicial.

¿Y ahora qué?, nos preguntamos. Pues ahora todos los que montaron el espectáculo tendrían que seguir los pasos del señor Marchena, porque cualquier arreglo que intenten parecerá un apaño y carecerá de toda credibilidad. Como ninguno de ellos renunciará a nada, a ver si Sánchez convoca elecciones de una puñetera vez y los echamos a todos con el voto. No se puede tolerar tanto daño colectivo. Están rozando la indignidad.

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