Oculta en la maraña de informaciones de los últimos días (el eterno retorno del contencioso de Gibraltar, la campaña de las elecciones andaluzas, en las que algunos solo hablan de Cataluña, la última rufianada del diputado macarra o incluso el VAR del lapo), una noticia, esta sí trascendental, ha pasado inadvertida. El Banco de España da por perdidos más de 42.000 de los 54.000 millones de euros de dinero público destinado a rescatar 14 entidades financieras desde el 2009. La astronómica cifra causa indignación porque la pagamos todos, pero, al margen de esa lógica reacción, debería provocar una profunda reflexión que vaya más allá de la habitual justificación de que se hizo para salvar a los ahorradores. Sobre todo porque cuando se plantean medidas que benefician a los más desfavorecidos siempre salen en tromba el propio Banco de España, el FMI, los bancos, los autodenominados «liberales» y ciertos partidos políticos para advertirnos de que, mucho cuidado, no vayan por ahí que se cargan la economía. Pasó cuando los jubilados exigieron que las pensiones se revalorizaran con el IPC y con el anuncio de la subida histórica del salario mínimo a 900 euros. En el primer caso se dijo que era imposible, el mismo Rajoy sostuvo que no había dinero para eso, pero la presión en la calles, negociación de los Presupuestos con el PNV mediante, hizo que aparecieran esos fondos súbitamente. Esas mismas voces sostienen que si se aplica el aumento del salario mínimo, el empleo sufrirá grandes daños. Es decir, subir dichas partidas en esas cuantías equivaldría a una especie de apocalipsis económico. Mientras, perder 42.000 millones a cuenta de los contribuyentes sería asumible para salvar la economía. Amigo, no es el mercado, es la política.