La presidenta del Parlamento ha tomado una decisión cuando menos cuestionable, por no decir incorrecta. Es difícil saber a dónde conduce su intención de retirar del Diario de Sesiones los calificativos de «golpista» y «fascista», argumentando que se trata de un agravio comparativo y para que el día de mañana los estudiosos no analicen el nivel tabernario que se ha instalado.
¿Tiene derecho la presidenta a sustraerle a la historia la realidad de los debates? ¿Qué se va a plasmar en el acta de las sesiones en vez de son ustedes unos golpistas o son unos fascistas? ¿Son ustedes una calamidad y unos calzamonas?
Existen otros archivos que sí lo recogerán, y no parece que con eso vaya a rebajar la creciente tensión en la que se han sumergido sus señorías. El lenguaje soez seguirá conviviendo en la cámara en tanto en cuanto el nivel de sus señorías sea el que es. Pero los ciudadanos tenemos el derecho de conocer ese clima chabacano y áspero. No es esta la primera vez que el hemiciclo es escenario de calificativos deleznables. Allí se acusó a Zapatero de traicionar a los muertos de ETA; a Sánchez de ser el responsable de un golpe de Estado y así cientos de episodios. Gracias a que no se censuraron sabemos lo que se dijo. Sabemos que Gil-Robles fue considerado un protofascista y un esterilizador. Y no es preciso recordar otros lamentables episodios.
Lo curioso es que la presidenta Pastor ha dicho que en el Parlamento se argumenta con la palabra. Y fascista y golpista, no solo son dos palabras de uso común sino que figuran en el diccionario.