A pocos días de que se conmemore el 40 aniversario de la Constitución y del inicio del periodo de democracia más largo de la historia de España ha estallado un escándalo sobre el poder judicial que, como es habitual en nuestro país, posee notables rasgos de esperpento. Hubiera titulado este artículo «¡Qué escándalo, aquí se juega!» de no ser tantos los devotos de Casablanca a los que se les ocurrió de inmediato lo mismo.
Los intentos de enredar el asunto acusando a la ministra de Justicia de haber filtrado ¡demasiado pronto! la noticia de que PSOE y PP habían decidido a quién votarían como presidente los vocales todavía no elegidos, la mayoría ni siquiera propuestos, del Consejo del Poder Judicial o de convertir el famoso wasap del senador Cosidó en el reenvió de un mensaje de autor sorprendentemente desconocido, incluso para el reenviador, no dejan de ser ridículas argucias para desviar la atención del verdadero problema. Es irrelevante que los ciudadanos conozcamos que los partidos mayoritarios han decidido a quién debía elegir el consejo como presidente con una semana o con un mes de antelación, también lo es si el autor del mensaje fue Cosidó o Catalá, el reenviador debería dimitir igual que el autor. Lo importante es que los dos partidos mayoritarios siguen intentando manipular la justicia y que, de mejor o peor grado, jueces y juristas continúan plegándose a ello. No sobra recordar que el señor Marchena presentó su dimisión preventiva porque la filtración del wasap lo hizo inevitable, pero había aceptado participar en el tinglado.
El escándalo se agrava porque llega cuando todavía está reciente el fiasco de la sentencia y la contrasentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas y está a punto de comenzar el juicio a los políticos catalanes implicados en la proclamación virtual de independencia de octubre del año pasado. Las sospechas sobre la falta de independencia del poder judicial, especialmente del consejo que lo rige y del Tribunal Supremo, no podrían haberse avivado en peor momento.
Como de tantas otras cosas, la culpable no es la Constitución. El artículo 122 establece un procedimiento de elección del Consejo General del poder Judicial que no difiere mucho del de otras democracias y podría dar buen resultado. La reforma legal de 1985, que dispuso que los 12 jueces y magistrados fuesen elegidos por las Cortes, tuvo sentido cuando la mayoría de estos procedía del franquismo y predominaba entre ellos una ideología, por decirlo con suavidad, conservadora. Tras cuarenta años de democracia parece razonable la demanda de las asociaciones judiciales de que sean los propios jueces quienes los escojan. Eso sí, libremente, sin cuotas de asociaciones y con la posibilidad de que se presenten candidatos no asociados. En cualquier caso, sería conveniente que las asociaciones se desligasen de los partidos, lo que no supone prescindir de sus ideas, y que para los 8 juristas que debe elegir el parlamento se impusiese la altura de miras y la búsqueda de personas capaces, de reconocido prestigio, y no de militantes. Lo mismo sucede con los magistrados del Tribunal Constitucional.
Si hubiera primado el mérito y no la afinidad política en las elecciones que realizaron las cámaras en las últimas tres décadas, ni siquiera sería necesario modificar la ley, pero los partidos se encargan de demostrarnos periódicamente que eso es imposible. El problema no se deriva de que los jueces sean de izquierdas o de derechas, de que sientan simpatía por un partido u otro o incluso de que hayan desempeñado cargos relacionados con su profesión con determinado gobierno, lo perverso es que deban su promoción profesional a un partido y se sientan obligados a serle fieles o simplemente benévolos si se ve implicado en algún delito. La mera sospecha de que pueda ser cierto que el Partido Popular controla sala del Supremo que debe juzgar a los independentistas catalanes es de extrema gravedad y puede traer consecuencias muy peligrosas.
La Constitución de 1978 no es la única responsable de los defectos de nuestra democracia. Hay motivos para su reforma cuarenta años después, pero eso no va a acabar con los malos usos o con la corrupción, ni con el paro o las desigualdades, tampoco con el independentismo. No lo haría siquiera la proclamación de la república. Las leyes son muy importantes, también los reglamentos, como recordaba Romanones, pero la actuación de quienes las gestionan resulta decisiva.
El barullo político ha permitido que pasase casi desapercibida una peligrosa propuesta parlamentaria del PP, digna de Bolsonaro: la prohibición de los partidos comunistas y populistas. Independientemente de que es anticonstitucional y si se llevase a efecto supondría la vuelta al franquismo, a la prohibición de todos los partidos políticos existentes, incluido el proponente (que tire la primera piedra el que no haya caído diariamente en el populismo), que haya podido realizarla el que tiene mayor representación en las Cortes y justo en este aniversario es francamente alarmante.
Al final, lo que sea nuestra democracia, incluidos los partidos, dependerá de nosotros, de los ciudadanos, me permito finalizar con una cita de Gumersindo de Azcárate: «Cuanto más triste y desconsolador sea el cuadro de los males que tengamos delante de nuestra vista, más obligados estamos a sentirlos, a estudiarlos y a esforzarnos a ponerles remedio. Si la política se ha divorciado de la moral, lo que importa es restablecer su consorcio. Si los desafueros de los gobernantes quedan impunes, el deber de todos es hacer que les alcance la sanción de la ley. Si en vez de imperar esta se enseñorea la arbitrariedad de la vida oficial, lo que cumple es ponerse resueltamente al lado de aquella contra esta. Y si hay gobiernos que son de partido y no nacionales, un Parlamento compuesto de una mayoría servil y de minorías rebeldes, una administración que, en vez de proteger, persigue, tribunales de justicia débiles o prevaricadores, un ejército que no es brazo sino cabeza del Estado, lo que procede es no entregarse en brazos del pesimismo, de la inercia, de la indiferencia, sino levantar como enseña un proverbio de la raza anglosajona, expresión de su envidiable tenacidad: To strive, to seek, to find, and not to yield; trabajar, buscar, hallar y no rendirse».