Que los comicios que hoy celebra Andalucía se interpreten como un adelanto de las generales, sean estas cuando sean, no constituye ninguna novedad: todas las elecciones suponen, aquí y fuera de España, una gran encuesta de las próximas y Andalucía no iba a ser una excepción. Por tanto, cuando al filo de la media noche de hoy el escrutinio esté cerrado, se despejarán las grandes incógnitas que atenazan a los principales partidos españoles: si el recuento del PSOE fortalecerá o debilitará el futuro político de Sánchez; quién (Casado o Rivera) saldrá trasquilado del pulso suicida en el que ambos se han metido; y si Iglesias podrá aspirar a ser algo más que la bisagra capaz de impedir o permitir gobiernos socialistas.
Tales serán los focos de atención porque, salvo grave error de las encuestas, el asunto auténticamente relevante que suscitan las elecciones en la comunidad más poblada del país no parece ofrecer dudas: en Andalucía tampoco hoy habrá alternancia. Es decir, seguirá gobernando el mismo partido en el poder desde hace casi cuatro décadas, anomalía democrática que constituye un triste récord en España y, con muy pocas excepciones, en Europa.
De todos modos, y al margen de quien gane y de quien pierda, de quien suba y de quien baje, el recuento de votos y la asignación de escaños dejará a Andalucía sumida en la preocupación y el pesimismo. Pues mañana constataremos que su gobernabilidad será tan complicada como lo es la de España en general y la de gran parte de sus regiones y municipios tras el cambio de nuestro sistema de partidos que se inició en 2014. Con un PSOE que, aunque gane, estará muy lejos de la mayoría absoluta, es más que probable que no pueda formarse gobierno en Andalucía hasta después de las municipales y autonómicas. Ciudadanos se hundiría si volviese a apoyar un ejecutivo socialista. Y Podemos, que no lo hará al menos hasta después del mayo próximo, quizá se justifique exigiendo una condición inasumible para el PSOE: por ejemplo, la cabeza de Díaz.
Pero el lío formidable en que España entera está metida, al haber configurado los votantes un sistema de partidos que hace imposible o muy difícil la gobernabilidad en la mayoría de las instituciones representativas del país, no parece haber impulsado una reflexión colectiva sobre esa memez de que las mayorías absolutas son muy malas mientras que la multiplicación de los partidos con representación parlamentaria supone un bien de Dios. Cuando se cumplen cuarenta años de la Constitución, la evidencia de que el gran avance del país en todos los órdenes ha sido consecuencia de un sistema de partidos que ha facilitado la estabilidad y la gobernabilidad resulta apabullante. Pero el mantra de que las mayorías sólidas reducen la calidad de las democracias sigue funcionando entre amplias capas de una población fascinada por el discurso populista. Y, claro, así nos va.