Celebramos en estas fechas el cuarenta aniversario de la Constitución española. Una Carta Magna en plena madurez y con recorrido para detectar los contornos de las posibles reformas y de sus apoyos.
Y lo hacemos en un momento de máxima polarización política y de crisis continua de representación que convierte en papel mojado, no solo la tan debatida reforma constitucional, más o menos ambiciosa, sino incluso los pactos necesarios para el normal funcionamiento y la renovación de los órganos constitucionales.
Ejemplos recientes son la recientemente frustrada reforma del Consejo General del poder judicial o la propuesta de limitación de los aforamientos, y que hoy por hoy no cuenta con la mayoría necesaria, en unos casos por defecto y en otros por exceso de ambición.
Deberíamos celebrar, como en otras ocasiones, el consenso político, la transición de la dictadura a la democracia, la integración en la UE y la modernización del país a lo largo de estas cuatro décadas.
Porque esta ha sido una materia, a diferencia de la II República y la Guerra Civil, sobre la que hasta ahora ha habido un relato compartido, es cierto que con matices más o menos laudatorios o críticos.
Sin embargo hoy lo hacemos en un momento en que la historia política reciente de España se ha visto sustituida por los respectivos relatos, en muchos casos contrapuestos, tanto por parte de los partidos estatales, como en especial desde las fuerzas y colectivos del independentismo catalán y en menor medida del resto de fuerzas nacionalistas.
La polarización y la disparidad de los relatos afecta a la propia Transición, e incluso a la naturaleza democrática de nuestro sistema político, ignorando que ésta supuso, ni más ni menos, que la ruptura con el régimen franquista y la recuperación de la democracia. Parece mentira, pero así es.
Con ello ha dejado de ser una absoluta minoría el relato de los partidos, organizaciones y el volumen (significativo) de ciudadanos que impugnan el consenso político como una suerte de sumisión y el sistema democrático como la continuidad del régimen dictatorial por otros medios.
La derecha, tanto los nuevos partidos como los tradicionales, independientemente de su papel en la aprobación de la Carta Magna, se ha apropiado de la Constitución, hasta el punto de delimitar el ámbito del constitucionalismo y la exigencia de lealtad constitucional, entendida ésta desde una interpretación dogmática, acrítica e inmovilista.
De nuevo, al igual que en el trágico periodo activo de la organización terrorista ETA se acusaba al resto de los partidos no mayoritarios de entorno, de cómplices o tibios, hoy se hace lo mismo con relación al 'procés' catalán, dividiendo a la representación democrática entre leales, aliados y equidistantes con respecto al independentismo.
En definitiva, asistimos a una serie de relatos utilitarios sobre los compromisos y carencias constitucionales al objeto de argumentar los respectivos programas políticos y en este marco las propuestas de mantenimiento, reforma, el proceso constituyente o incluso del hipotético ejercicio del derecho de autodeterminación.
Porque las distintas y dispares posiciones sobre la Constitución y su reforma tienen mucho que ver con los efectos sociales y políticos de la crisis.
Al malestar social, la crisis de confianza en la política y la revolución permanente de la representación política, las fuerzas políticas han respondido atribuyendo sus consecuencias a supuestas debilidades o incongruencias del texto constitucional, vinculadas a las reformas y la regeneración política.
Con ello, se ignoran o minusvaloran los evidentes avances democráticos y sociales o se exonera a los sucesivos gobiernos desde la transición de su responsabilidad en el desarrollo de las previsiones constitucionales.
El territorio de la Constitución pues, ha dejado de ser compartido para convertirse en un campo de batalla entre panegiristas, críticos, constitucionalistas y no constitucionalistas.
Con este panorama, la necesidad y la posibilidad de las reformas profundas se ha convertido en mera retórica populista sin voluntad política ni viabilidad.
Se trataría pues de volver a buscar el mínimo común transversal. Lo que se han dado en llamar los contornos y no los pilares básicos de la Constitución.
Y lo haremos, en su caso, en el momento en que al calor del rebufo patriótico al independentismo y en el contexto de la aparición o el reforzamiento de la extrema derecha europea, acaba de aparecer en Andalucía un partido, hasta hoy impensable en España, con los anticuerpos inoculados por la dictadura y que cuestiona los pilares constitucionales del modelo de Estado Autonómico, de los derechos civiles y el estado social.
Podríamos decir como JL Borges que si no nos une el amor a la Constitución, al menos que lo haga el espanto con respecto a quienes la ignoran o pretenden demolerla.