Utilizar el dolor de las víctimas para el debate político me parece indecente. Aprovechar la conmoción social que produce un crimen atroz para arrear estopa al Gobierno me suscita repugnancia. Reabrir el debate sobre la prisión permanente revisable, mientras las gentes claman venganza y linchamiento del asesino, huele a oportunismo rastrero. Afirmar que el delincuente sexual nunca será rehabilitado significa hacerle un corte de mangas a la Constitución, cuando esta dice que las penas de prisión deben orientarse a la reeducación y reinserción del recluso. Legislar o deslegislar en caliente, o endurecer el Código Penal en cuanto revienta el termómetro de la indignación popular, supone abrir las compuertas a nuestros instintos más bajos y levantar diques a la razón.
En la atmósfera de consternación y miedo creada por los asesinatos de Laura Luelmo y Diana Quer, resulta muy difícil el análisis racional y sereno. Parece incluso extemporáneo recordar, como confirman múltiples informes, que vivimos en uno de los países más seguros del mundo. La tasa de criminalidad figura entre las más bajas del continente: 0,85 homicidios voluntarios por cada cien mil habitantes. Paradójicamente, el número de presos -unos 62.000, distribuidos en 98 centros penitenciarios- supera en un 32 % la media europea y pasan en la cárcel 18 meses por término medio, más del doble que en los países europeos. Detrás de esos datos se encuentra uno de los códigos más duros y con penas más severas de Europa.
¿Cumple el sistema penitenciario español la función de reeducar y reinsertar al preso en la sociedad? Que Bernardo Montoya, asesino confeso de Laura Luelmo, haya salido recientemente de prisión abona la respuesta negativa: la cárcel no cura. O al menos no a todos. Admitamos también que existen psicópatas de imposible rehabilitación.
El informe más riguroso que he leído cifra la tasa de reincidencia en el 30 %. Porcentaje elevado, sin duda, pero también resulta relevante su envés: siete de cada diez expresidiarios se reintegran en la sociedad y no vuelven a salir en los periódicos ni a visitar la cárcel.
Y otro dato aún más significativo: los ladrones son los más recalcitrantes y los depredadores sexuales, los que menos reinciden: solo el 19,5 % vuelven a delinquir y solo la tercera parte de estos -¿los irrecuperables?- repiten delitos de índole sexual.
Tenemos un problema, pero no lo soluciona la prisión permanente revisable. Ni previene el delito ni tiene efecto disuasor. No inhibe al depredador: aunque al Chicle y al Montoya les caigan mil años de prisión, otros chicles y otros psicópatas seguirán violando y matando. ¿De qué les valió, a Laura Luelmo y a Diana Quer, esa figura penal que está en vigor desde marzo del 2015? ¿A quién se la aplicamos? ¿A los miembros de la Manada con carácter preventivo? ¿Acaso no será más eficaz el seguimiento y control, en régimen de libertad vigilada, de aquellos reclusos que, una vez cumplida su condena, sospechamos que no están rehabilitados?