El mismo Sánchez que, tres días antes de la pantomima de Pedralbes, prometió que «dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», pactó con Torra una nota informativa en la que se daba cuenta de que Cataluña y España -dos países mediterráneos- van a resolver «el conflicto» mediante un diálogo abierto y sin más límites que la «seguridad jurídica». Para decir semejante estupidez hubo que retirar de la nota la expresión «la Constitución», que a ambos les debió de parecer un concepto confuso e impropio de una cumbre de dos cuasi-jefes de Estado que quieren pactar un armisticio.
El concepto de seguridad jurídica, del que no cabe deducir ningún contenido normativo, se refiere exclusivamente al hecho de que todos -instituciones, ciudadanos, asociaciones y empresas- tienen derecho a que se les garanticen sus bienes y derechos, y se les exijan responsabilidades y obligaciones, de acuerdo con un procedimiento, con plazos asumibles, en un marco de igualdad y con intervención de autoridad competente. Pero los límites a nuestras acciones u omisiones sólo los marcan la Constitución y las leyes. Y por eso cabe deducir que de lo que hablaron Sánchez y Torra -tras la batalla de las flores rojas y amarillas- fue de negociar a caño y corazón abiertos, y haciendo mangas y capirotes de una Constitución que sólo sirve para estorbar.
España está sumida en un creciente desorden jurídico que ambos dirigentes han decidido aumentar hasta el paroxismo. Y por eso no tendremos derecho a sorprendernos cuando los ciudadanos, cansados del balanceo indecente que hacemos sobre la cuestión catalana una caterva de feriantes, tertulianos, cínicos e ignorantes, lleguen a la conclusión de que los diálogos de besugos no llevan a ninguna parte, que los distingos metafísicos no están al alcance de cualquiera, y que, si queremos enterarnos de lo que en verdad está pasando, no nos queda más remedio que acudir a las intuiciones y el sentido común, dos consejeros áulicos que ya nos están advirtiendo de que estamos jugando con fuego, que el punto de no retorno está a la vista, y que cualquier día nos podemos despertar en un camino sin vuelta.
Lo que el Gobierno hizo esta semana, para dorarle la píldora a un independentismo empoderado por la moción de censura, no es más que un esperpéntico acercamiento a los que, por «no sentirse cómodos» en España, necesitan diez mil policías y unas cuantas malleiras para hacer un reportaje fotográfico sobre el State building catalán. Pero no todo fue negativo. Porque, aunque cabe pensar que Torra es un malvado prevaricador, porque era consciente del desmadre legal e institucional que se intenta abrir con la sustitución del término ‘Constitución’ por el de ‘seguridad jurídica’, es evidente que Sánchez no prevaricó, porque no sabe lo que es la seguridad jurídica, ni para qué sirve la Constitución, ni a dónde quería ir Torra. Y así, desde esta monumental ignorancia, se puede obtener un doctorado, pero es imposible prevaricar.