En política, los españoles sabemos ya, desde que nos lo confesó con toda crudeza hace mucho el profesor Enrique Tierno Galván, que las promesas electorales están para no cumplirse. De ahí que los ciudadanos presten cada vez menos atención a lo que los políticos prometen en sus campañas, y que a casi nadie parezca importarle que, cuando llegan al poder, acaben haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron o aliándose con aquellos de los que siempre abominaron. Digamos que la mentira preelectoral es algo que se acepta con resignación.
Pero lo que los españoles toleran muy mal, sin embargo, es que una vez que los políticos se han desmentido a sí mismos cien veces para llegar al Gobierno, les sigan mintiendo desde el poder. O, lo que es peor, que los traten como estúpidos o menores de edad a los que se les puede ocultar la verdad. Lo sabe bien el PP, que pagó cara la desastrosa gestión de los atentados del 11-M del 2004, cuando el Gobierno de Aznar insistió en negar la evidencia siendo ya obvio que aquello había sido una matanza perpetrada por el terrorismo islamista. Aunque algunos no lo crean, la mentira desde el Gobierno se paga muy cara.
Nos enteramos ahora, por ejemplo, de que el presidente del Gobierno ha engañado a todos los españoles respecto al contenido de sus conversaciones y acuerdos con el presidente catalán, Joaquim Torra. El problema no es ya que se rebajara a ser recibido como si se tratara de un mandatario extranjero o que firmara un denigrante comunicado en el que se tacha de «conflicto» el golpe independentista y se excluye cualquier mención a la Constitución. Siendo todo esto muy grave, lo que resulta intolerable es que Sánchez y su Gobierno hayan mentido sobre lo que se trató en esa reunión.
Este Ejecutivo, que prometía la máxima transparencia, nos aseguró que allí ni siquiera se mencionó la autodeterminación y el referendo, y que todo fueron avances en torno a la necesidad de diálogo. Pero como el pardillo que se fía de la palabra de un trilero suele salir siempre malparado, Sánchez ha quedado en evidencia cuando Joaquim Torra ha hecho público que le entregó una «propuesta de acuerdo democrático» con 21 puntos, que incluía, entre otros dislates, el «ejercicio del derecho a la autodeterminación, con una propuesta de una comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España». En lugar de haberle devuelto de inmediato ese papelito, de levantarse allí mismo de la mesa tras advertirle de que el Gobierno de España no tiene nada que hablar con quien plantea semejante ridiculez y de hacer público a la salida su rechazo radical a esa sugerencia, Sánchez prefirió callar, guardarse el documento en el bolsillo, ocultárselo a los españoles y hacerse una foto con Torra. Y ahora, descubierto el pastel, asegura que responderá «en su momento». ¿Pero es que hay algún momento más adecuado que el presente inmediato para explicarle a Torra que el Estado no necesita mediadores para imponer el respeto a la Constitución en cualquier parte de su territorio?