«La playa de San Lorenzo no tiene ningún problema de contaminación ni de salud pública (…) lo que está sufriendo el arenal son condiciones meteorológicas extremas», afirmaba, sin despeinarse, Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, en una de sus numerosas declaraciones este verano, y esto a pesar de que una veintena de personas hayan padecido trastornos gastrointestinales o hayan notado irritaciones epidérmicas. 

Afirme lo que afirme la alcaldesa, lamentablemente la contaminación de las aguas de baño es debida, no solo a las graves deficiencias de la red municipal de saneamiento, sino también al frecuente vertido de aguas fecales que padece el cauce del río Piles y al que se añaden los otros contaminantes de origen marino. A este problema sufrido por la playa de San Lorenzo se suma la pérdida progresiva de arena y  -jamás dos sin tres- con frecuencia divisamos la presencia permanente de carbón contaminante que llega a ocupar una significativa parte del arenal.

La gravedad de la situación exige, sin duda alguna, por parte del Ayuntamiento de Gijón, un plan de actuaciones que vaya más allá de las simples declaraciones, mediáticas -ya sean hechas éstas por la alcaldesa o por sus expertos- negando lo evidente o solicitando la credibilidad de los ciudadanos, sin aportar un solo dato que permita contrastar lo que afirman.

En este momento ni se dispone de mediciones topográficas contrastadas de la playa ni de batimetrías que muestren la evolución orográfica de los fondos de la zona de servicio bajo la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Gijón, dicho sea de paso, autoridad cuyo secretismo y falta de colaboración es cada día más evidente.

La mejor forma de abordar los problemas que afectan a la playa de Gijón no consiste en ignorarlos sembrando confusión mediante múltiples intervenciones en la prensa o meras declaraciones en los plenos municipales, sino en abordarlos con decisión una vez identificados, evaluándolos con rigor y precisión.

En el mejor de los casos se debería analizar y valorar económicamente la posibilidad de erradicar dichos problemas, o en el peor, mitigarlos de tal modo que no representen un inconveniente sustancial para la salud de los usuarios de la playa y por ende para preservar el interés general de Gijón. En cualquiera de los casos, se debería actuar sobre las causas originales activando medidas para evitar las consecuencias, sean estas las manchas marrones en el agua o las manchas de carbón en la arena.

En lo que se trata del agua, no cabe la menor duda que la deficiencia proviene del sistema de saneamiento, y un estudio para llevar a cabo la construcción de una planta depuradora EDAR que recicle los deshechos sin necesidad de verterlos a la mar, una medida que se debería tomar con urgencia.

En cuanto a las manchas de carbón, un estudio dice que ese carbón proviene todavía del Castillo de Salas, barco hundido en 1986 en la costa gijonesa, mientras que otro lo achaca a los movimientos de graneles carboneros en el puerto de El Musel. La solución no consiste en seguir recogiendo muestras del carbón que llega a la playa, cuyo origen en más de un 98 % no parece ofrecer dudas. Además es necesario que el INCAR determine si, como se sospecha, ese carbón tiene componentes tóxicos como el arsénico.

La aplicación de medidas eficaces para evitar la generación de nubes de carbón tóxico, que son altamente dañinas para el sistema respiratorio y afectan tanto a la fauna y la flora terrestre como a la marina, es una exigencia imprescindible, como también se debe emplear métodos de limpieza, con el barco amarrado al muelle, para evitar baldeos de cubiertas y escotillas con vertidos de carbón del barco a la mar.

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Ha llegado la hora de la eficacia