En nuestra vida cotidiana, tenemos unos ingresos, de un sueldo, una pensión, una renta de una propiedad que heredamos… y unos gastos, la luz, el agua, la comida, la ropa, las medicinas, el teléfono…
Si los ingresos son menores que los gastos, tenemos que pedir prestado. Generamos una deuda que luego tendremos que devolver junto con los intereses. Otra opción es vender nuestro patrimonio, si heredamos de nuestra abuela un pequeño huerto en el pueblo, lo podemos vender para obtener dinero y equilibrar nuestro presupuesto. El problema es que las cosas solo se pueden vender una vez, luego ya dejan de ser nuestras.
Da igual que salgamos al monte a buscar billetes en las ramas de los castaños o que nos encerremos a ver en youtube a todos los coach financieros del mundo mundial. Si ingreso 700 € al mes y tengo que pagar una hipoteca de 600 € mensuales y comer todos los días, tengo un problema. Como todo el mundo debería saber, el dinero no crece en los árboles, y tampoco en los power point.
Esto que es evidente en lo personal, deja de serlo cuando hablamos de la política y de lo público.
El estado (o el ayuntamiento o la comunidad autónoma) recibe los ingresos de los impuestos. Desde hace miles de años, de una forma u otra, todas las organizaciones sociales han regulado la contribución individual a la comunidad, fuese en forma de trabajo (sextaferias) o de dinero (impuestos), o una combinación de ambas.
Con esos ingresos se cubren los gastos: las carreteras, la red de agua y saneamiento, los semáforos, la policía, el ejército, los jueces y juezas, los colegios, las universidades, los hospitales, los centros de salud, los puertos y aeropuertos y hasta los cementerios.
Si tienes apendicitis, llamas por teléfono al 112, un servicio público, a través de una red telefónica que, siendo privada, está fuertemente regulada para permitir su funcionamiento. Para que exista esa regulación tiene que haber gente que cobra de lo público que elabore y haga cumplir esa regulación. A través de las carreteras diseñadas, construidas, mantenidas y reguladas por la administración pública, viene a buscarte una ambulancia, que te lleva a un hospital, donde personas que han estado escolarizadas desde los 3 años hasta casi los 30 te operarán. Tanto su escolarización, como su salario y el material que utilizan se paga con fondos públicos.
Para que todo eso suceda, tiene que haber personal administrativo que gestione el sueldo de esas personas, la compra del material quirúrgico o simplemente que gestione tu cita para la próxima revisión tras la cirugía. Es la temida burocracia, pero sin ella, no hay nada, ni carreteras, ni ambulancias, ni hospitales. Cuando tienes apendicitis, en lugar de sufrir lo indecible antes de morir, te curas rápidamente gracias a toda esa maquinaria social que incluye la burocracia.
El problema es que el estado español tiene una deuda muy elevada. Debe tanto como toda la riqueza que somos capaces de generar en un año. Debe tanto dinero por los rescates a los bancos de los últimos años. Y por eso tiene que pagar mucho dinero cada año en intereses de la deuda. Ahora los intereses están bajos, pero si suben, como subirán en los próximos años, el coste anual de los intereses será desorbitado.
Otro problema es que ya vendimos la mayor parte del patrimonio heredado. En Oviedo, el gobierno de Gabino de Lorenzo privatizó hasta los cementerios. Las privatizaciones es como vender el huerto del pueblo de tu abuela. La empresa privada paga un dinero por hacerse con el control del servicio público, por lo que el alcalde de turno presume de poner farolas y aceras nuevas, pero luego el servicio es privado y los beneficios son para la empresa privada, encareciendo el servicio para la ciudadanía. Y las mejoras en el servicio debe asumirlas la administración, ejemplos de esto hay muchos. Con un refrán, las privatizaciones son pan para hoy y hambre para mañana. En cualquier caso, en las últimas décadas se ha privatizado casi todo lo privatizable, ya no queda casi nada que vender.
Por tanto, si queremos que siga habiendo carreteras, si queremos que el número de muertos en accidente de tráfico siga bajando, si queremos que la policía detenga a los violadores, si queremos que haya un 112 al que llamar cuando tenemos un problema, hay que pagar impuestos.
Y hay que pagar muchos impuestos, porque necesitamos muchos servicios y tenemos mucha deuda y ya no nos queda patrimonio. Cualquier llamada a bajar o suprimir un impuesto, sin explicar de dónde van a salir los ingresos alternativos al mismo es una irresponsabilidad.
Otra cuestión es cómo distribuimos esos impuestos. Por ejemplo, el impuesto de plusvalías, que en algunos casos ha llegado a anular el constitucional, lo paga todo el mundo por igual, solo en función del piso que heredas. El impuesto de sucesiones lo paga solo una élite y tiene en cuenta el patrimonio del heredero o tiene en cuenta que sea la vivienda habitual o que sea el negocio familiar. Si alguien hace una campaña política sobre el impuesto de sucesiones, pero no menciona el de plusvalía, es que quiere que esa élite contribuya con menos dinero a las arcas del estado, y de alguna forma habrá que compensarlo. ¿Subiendo el impuesto de plusvalía? ¿reduciendo los servicios que presta el estado?
No existen políticas neutrales. No existen los milagros. Si alguien dice que aumenta los servicios y disminuye los impuestos miente o no tiene ni idea. Si alguien habla de disminuir un impuesto concreto debe explicar cómo va a compensar la reducción de ingresos.
Quiero pagar impuestos porque quiero una sanidad pública, universal y gratuita. Quiero pagar impuestos porque quiero pensiones justas. Quiero pagar impuestos porque quiero unos servicios públicos eficaces y de calidad con profesionales bien pagados.
Si alguien hace el discurso contrario, pregúntale de qué árbol coge el dinero para comer.